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La crisis del COVID-19 reafirmó la necesidad de promover empleos productivos y decentes en América Latina, lo que incluye la implementación de políticas multisectoriales para enfrentar la alta informalidad laboral que caracteriza a la región, subrayaron representantes de gobierno y especialistas en el seminario internacional Informalidad laboral: desafíos frente al cambio tecnológico, la desigualdad territorial y el imperativo de la protección social, organizado los días 6 y 7 de octubre de 2021 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En el evento se presentaron los principales resultados del proyecto “Transformaciones tecnológicas en América Latina: promover empleos productivos y enfrentar los desafíos de las nuevas formas de empleo informal”, financiado por la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas e implementado desde 2018 por las Divisiones de Desarrollo Económico y Desarrollo Social de la CEPAL y la Oficina en Buenos Aires de la misma institución.
“El proyecto surgió ante la necesidad de desarrollar políticas que permitan enfrentar el problema de la alta informalidad en la región, fenómeno que constituye un obstáculo para el goce de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras, y ante el imperativo de asegurarnos que los avances tecnológicos no profundicen las desigualdades existentes, sino que sean una herramienta para promover el aumento de la productividad y el desarrollo de nuestros países”, explicó Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL.
Durante 2020, y en pleno desarrollo de este proyecto, la crisis causada por la pandemia del COVID-19 agudizó los problemas tanto estructurales como coyunturales de la región, incluidos la baja inversión y productividad, la alta desocupación y desigualdad y, por supuesto, la informalidad, apuntó Titelman. Esto ratificó la pertinencia del proyecto y la necesidad de seguir diseñando alternativas para la promoción del trabajo decente, sostuvo.
De igual forma, el Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa, remarcó que “la informalidad laboral es un fenómeno estructural en los países de América Latina y el Caribe”. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 53,1% de los trabajadores de la región se encontraban en esa condición en 2016. Los impactos de la pandemia de COVID-19 develaron, asimismo, la gran vulnerabilidad de estas y estos trabajadores ante crisis de diversa naturaleza, frente a lo que es fundamental cimentar sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social. “La informalidad está cruzada por los ejes estructurantes de la desigualdad social en la región, incluidas las desigualdades de género, étnicas y raciales, etarias y territoriales, además de las de índole socioeconómico”, alertó.
La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria, coincidieron ambos funcionarios.
Por último, Arenas de Mesa recordó que “los gobiernos subnacionales están en la primera línea de la respuesta a la crisis COVID-19. Serán ellos -las autoridades regionales y locales- las responsables de aplicar medidas de contención críticas a corto plazo y de realizar actividades de recuperación a más largo plazo, desde la atención sanitaria y social hasta el desarrollo económico y la inversión pública”.
Martín Abeles, Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, realizó la presentación del segundo día del seminario, que estuvo dedicado a la relación entre las viejas y nuevas formas de informalidad laboral y la protección social, así como a la dimensión territorial del problema. A diferencia de otras crisis que ha atravesado la región, durante la pandemia el trabajo informal no ha sido un factor de “refugio” para personas en mayor situación de vulnerabilidad, sino todo lo contrario: han sido las más afectadas, y los gobiernos desplegaron distintas políticas e instrumentos para contener esta situación, explicó Abeles.
A marzo de 2021, se identificaban 34 transferencias monetarias dirigidas especialmente a trabajadores informales y a otros trabajadores vulnerables en la región, según se planteó en el seminario, persistiendo brechas de cobertura en protección social de estos trabajadores y evidenciándose la necesidad avanzar en la identificación temprana de las diversas manifestaciones de la desigualdad, incluida la dimensión territorial.
Avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 sobre crecimiento y trabajo decente implica extender los derechos sociales y laborales a todos los trabajadores, independiente de su situación contractual. Esto plantea el reto de enfrentar el vacío legal que afecta a muchas ocupaciones emergentes como aquellas relacionadas con el trabajo de plataforma, se indicó durante el seminario.
La reflexión sobre la informalidad, los factores asociados a su origen y persistencia, su medición a nivel territorial y sus impactos en la reproducción de la desigualdad y en el acceso a la protección social se torna más prioritaria que nunca, concluyeron los especialistas durante el evento.
El objetivo del seminario fue promover el diálogo regional e interregional sobre la base de los principales hallazgos del proyecto, implementado en siete países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México y Uruguay), identificando recomendaciones de política e hitos clave para su aplicación.
