Los altos niveles de urbanización y de pobreza existentes en América Latina y el Caribe permiten proyectar que en 2020 aproximadamente 163 millones de personas habitarán en viviendas precarias o tugurios, según un documento de la CEPAL elaborado en el marco del proyecto “Encuentro de trabajo sobre pobreza urbana y posibilidades de financiamiento de proyectos en asentamientos humanos irregulares y programas de transferencias condicionadas”, que se desarrolló con el aporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Un tugurio se define como aquella vivienda de tenencia irregular, accesos inadecuados a servicios básicos, mala calidad estructural y donde se produce hacinamiento.

El objetivo del proyecto, explica su coordinador, Rodrigo Martínez, Asesor Regional de la División de Desarrollo Social de la Comisión, fue analizar los problemas de certificación de la propiedad, acceso a servicios como agua potable, saneamiento, electricidad y calidad de la vivienda y los esquemas de financiamiento de programas de vivienda y hábitat.

“Entre nuestras conclusiones podemos destacar que existe un reducido acceso de la población de menores recursos al sistema de financiamiento formal compuesto por bancos e instituciones financieras. Los microcréditos que se otorgan se relacionan más a objetivos productivos que al aseguramiento de la vivienda”, destacó.

El documento “Pobreza y precariedad urbana en América Latina. Situación actual y financiamiento de políticas y programas”, resultado del proyecto, informa que sobre el 80% de la población urbana en la región cuenta con agua potable y sobre el 90% con electricidad. Pero en saneamiento básico o alcantarillado, los porcentajes varían entre 15% y 93%.

En dicho texto, CEPAL hace una serie de recomendaciones contra la precariedad habitacional y para el desarrollo urbano.