Políticas públicas e institucionalidad de género, avances y retrocesos en América Latina

Foto: Municipalidad de Maipú (Chile), Flickr

"El reconocimiento de las mujeres como sujeto de derechos atraviesa por un complejo escenario de avances y retrocesos en el que se aprecian persistentes obstáculos que limitan la autonomía económica, política y física de las mujeres a la vez que emergen nuevos liderazgos femeninos y amplios sectores de la sociedad reconocen la importancia de una agenda de igualdad".

Así describen Sonia Montaño, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, y Virgina Guzmán, consultora de dicha División, el actual contexto regional en el documento Políticas públicas e institucionalidad de género en América Latina (1985-2010) publicado recientemente.

En el estudio las autoras proponen un marco conceptual y una interpretación socio-histórica para comprender los procesos de institucionalización de las políticas de género en América Latina, cuyos avances se expresan de distintas maneras.

Por ejemplo, en la difusión de nuevos discursos sobre las relaciones hombre-mujer, en la promulgación de nuevas leyes, en la formulación de nuevas reglas y en la formación de organismos estatales y redes de interacción entre los actores públicos, privados y sociales que conforman los espacios de las políticas públicas.

El movimiento feminista y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Estado (MAM) han sido los actores estratégicos de la incorporación de nuevas concepciones de políticas y formas de gestión en cada uno de los Estados de los distintos países de la región, aseguran Montaño y Guzmán en el documento.

"La gran mayoría de los mecanismos nacionales fueron establecidos en América Latina entre 1980 y 1990, bajo la forma de comisiones, divisiones, oficinas o consejos en ministerios específicos responsables de las áreas sociales de políticas como familia, salud y educación", se explica en el texto.

Hoy, luego de avances y retrocesos, un tercio de estas entidades ha alcanzado una posición jerárquica que permite a su autoridad máxima participar del gabinete ministerial, de comisiones interministeriales y de instancias de coordinación donde se diseñan políticas.

La mayoría de estos mecanismos cuentan "con Planes de Igualdad de Oportunidades, verdaderas cartas de navegación para la incorporación del género en las políticas públicas y el establecimiento de vínculos con los distintos poderes del Estado", señalan las expertas.

No obstante, en América Latina las mujeres son designadas principalmente para ocupar cargos ministeriales en el área social y cultural mucho más que en los gabinetes políticos y económicos.

"Los sistemas electorales, las estructuras partidarias y las resistencias de las dirigencias masculinas a redistribuir el poder, así como el poder de veto de las iglesias, han sido señalados como obstáculos importantes para la institucionalización del género. Estas resistencias se reactivan cuando se trata de incrementar la representación política de las mujeres o garantizar la autonomía y respeto de sus derechos individuales", plantean Montaño y Guzmán.

Este estudio de la División de Asuntos de Género de la CEPAL se basa en la información producida en evaluaciones y autoevaluaciones de los MAM y en los resultados de otros estudios realizados por organismos de la sociedad civil, centros de estudios y la propia División.