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Transferencias condicionadas
buscan proteger a los más pobres


Los programas de transferencias condicionadas, o “con corresponsabilidad” (PTC), son una de las herramientas centrales de políticas sociales para combatir la pobreza. Son programas no contributivos que buscan aumentar los niveles de consumo de las familias por medio de transferencias monetarias –y así reducir la pobreza en el corto plazo– y fortalecer el capital humano de sus miembros para romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La estructura básica común de los PTC consiste en la entrega de recursos monetarios a familias en situación de pobreza o indigencia que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que cumplan con ciertas conductas principalmente en las áreas de educación, salud y nutrición –por ejemplo, que los niños asistan a la escuela y/o a centros de salud con fines preventivos.

Los PTC se han expandido enormemente desde que a mediados de los noventa México lanzó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, actualmente “Oportunidades”) y Brasil implementó programas que también apuntaban a familias con hijos en edad escolar. Eventualmente, los programas comenzaron a orientarse hacia la condicionalidad de la entrega de los beneficios.

Según la División de Desarrollo Social de la CEPAL, hoy estos programas operan en 17 países de la región y benefician a más de 22 millones de familias – unas 100 millones de personas, equivalente a 17% de la población de América Latina y el Caribe. Sin embargo, los PTC en promedio representan solamente el 2,3% del gasto público social total en la región y el 0,25% del PIB de los países.

Por el uso de procedimientos y técnicas de selección que buscan minimizar los errores de exclusión (familias que cumplen los criterios de elegibilidad pero no participan en el programa) e inclusión (familias que no cumplen esos criterios pero igualmente participan), los PTC generalmente logran hacer llegar las transferencias a los más necesitados y por lo tanto representan una de las partidas de gasto público social más redistributivas.

Además del grado de focalización, el impacto de las transferencias sobre la pobreza a nivel nacional depende de su cobertura y monto. La evidencia sobre la contribución de los PTC a la reducción de la pobreza proviene de países en los cuales la cobertura de los programas es amplia y el monto de las transferencias es significativo, como Argentina, Brasil, Ecuador, Jamaica y México. En países donde la cobertura y el monto de las transferencias son bajos, no se observa un impacto sobre los niveles de pobreza.

En relación con sus objetivos de fortalecimiento del capital humano, los PTC están logrando un mayor acceso a la educación y a los servicios básicos de salud por parte de las familias más pobres y en países donde las barreras de acceso son más altas. Esto contribuye a cumplir objetivos intermedios como la matrícula y asistencia escolar, la cobertura en controles de salud para niños y niñas y los controles médicos preventivos. Sin embargo, no hay información concluyente sobre objetivos finales de mejoramiento del capital humano, como el aprendizaje o el estado nutricional de los niños y niñas.

El desafío de la calidad de la educación y la salud pública es particularmente relevante para los PTC, pues los incrementos en la matrícula y asistencia escolar y en la demanda de servicios de salud no necesariamente significan que los beneficiarios estén recibiendo servicios de buena calidad, poniendo en duda la efectiva formación de capital humano.

En la medida en que estos programas se vayan consolidando será importante que las transferencias a la demanda de servicios públicos se acompañen con mayores esfuerzos destinados a mejorar la oferta, elevando su accesibilidad y calidad. La coordinación entre las políticas sociales sectoriales – particularmente de los ministerios de educación y salud –  y los organismos públicos encargados de los PTC juega un papel primordial.

En suma, las evaluaciones tienden a considerar que los PTC en América Latina y el Caribe han sido exitosos en mejorar las condiciones de vida de los más pobres, al reducir la brecha de pobreza y aumentar el acceso a las escuelas y los servicios de salud. Sin embargo, persisten desafíos en el largo plazo.

El desafío central de estos programas es avanzar en el cumplimiento de los objetivos de corto plazo de aliviar la situación de pobreza de las familias vulnerables a través de la transferencia de recurso y, al mismo tiempo, cumplir metas de largo plazo, es decir, desarrollar los activos y las capacidades de capital humano que permitan a las familias superar la pobreza de manera sustentable.

Este desafío se podrá encarar de mejor manera incorporando a los PTC a redes de protección y promoción social más amplias, con mayores recursos no sólo para fomentar la demanda, sino también para mejorar la oferta de servicios públicos.

*por División de Desarrollo Social


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  Estos programas operan en 17 países latinoamericanos y caribeños y benefician a más de 22 millones de familias. Sin embargo, representan sólo el 0,25 % del PIB de los países.
 
 

  El desafío es de largo plazo: cómo desarrollar los activos y las capacidades de capital humano que permitan a las familias superar la pobreza de manera sustentable.