Seminario sobre Gobierno Abierto y el lanzamiento del Plan de Acción del Gobierno de Chile para el Open Government Partnership 2014-2016

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en ocasión de la inauguración del Seminario sobre Gobierno Abierto y el lanzamiento del Plan de Acción del Gobierno de Chile para el

Open Government Partnership 2014-2016

CEPAL, Santiago, 21 de agosto de 2014

Isabel Allende, Presidenta del Senado de la República,

Sergio Muñoz, Presidente de la Corte Suprema,

Ximena Rincón, Ministra Secretaria General de la Presidencia,

Hernán Larraín, Senador de la República, Presidente de la Comisión Bicameral pro Transparencia,

Señoras y señores senadores presentes,

Señoras y señores diputados,

Patricia Silva, Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

Rodrigo Mora, Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia,

Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia,

Alicia de la Cruz, Jefa de Gabinete de Contralor General de la República,

Pablo Collada, Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, representante del Consorcio para la Transparencia,

Distinguidas invitadas e invitados,

Colegas del sistema de las Naciones Unidas,

Amigas y amigos:

Bienvenidas y bienvenidos a esta, la casa de las Naciones Unidas en la región. Es para nosotros un verdadero honor servir como anfitriones de un encuentro como este, que motiva la presencia de actores tan relevantes de las instituciones republicanas de Chile.

Amigas y amigos, en el escenario complejo y cambiante de hoy en día, la región de América Latina y el Caribe ha llegado a una encrucijada y debe, más que nunca, reorientar el actual paradigma del desarrollo para lograr la igualdad y la sostenibilidad ambiental, y cambiar la cultura del privilegio por una cultura de la igualdad, tanto intergeneracional como intrageneracional.

En este período de desaceleración del crecimiento y de cambio de paradigma productivo para diversificar nuestras economías y a la vez cautelar la inclusión social, seguramente se requerirán de políticas audaces en materia fiscal, en inversión y en protección social a partir de pactos sociales con una renovada ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Por ello, es urgente replantear la relación entre instituciones y estructuras, tanto para abordar problemas seculares de sostenibilidad y desigualdad como para contar con mayor capacidad para encarar un escenario mundial de mayores restricciones al crecimiento.

Este nuevo escenario internacional llega a América Latina y el Caribe en un momento histórico particular y muy positivo para la construcción de ciudadanía. En primer lugar, existen regímenes políticos democráticos instalados en toda la región de manera inédita en la historia republicana, lo que ha colocado el tema de la vigencia de la ciudadanía en la agenda pública, tanto en lo referido a los derechos políticos como a los derechos civiles.

La vida democrática en los países de la región también ha posicionado a los derechos sociales y culturales como objeto de las políticas y de la política. No es casual el creciente gasto público como proporción del PIB y el considerable aumento del gasto social, que en gran medida es inversión social. Tampoco lo es la puesta en marcha de políticas más activas de transferencias hacia los sectores más vulnerables, los avances en el derecho a la salud y en una seguridad social con componentes solidarios y mayor vocación universal, y la mayor presencia en políticas de reconocimiento de desigualdades y diferencias en materia de género, etnia, cultura, territorio y edad.

El camino en este sentido es largo y no necesariamente lineal, pero los avances son innegables. Todo lo anterior es fruto de un duro y rico aprendizaje político y cultural. En la región van calando las ideas que promueven las libertades, la sostenibilidad ambiental, la no discriminación en los más variados campos y el respeto a la libre determinación de los pueblos.

El presente nos desafía a fortalecer —en lugar de revertir— las conquistas sociales y la agenda de inclusión y reconocimiento. Esto no es fácil cuando los efectos de la crisis se hacen sentir negativamente en el empleo de los más vulnerables, los recursos fiscales para la protección social y las condiciones para impulsar un mayor dinamismo económico. Tampoco lo es cuando la libre determinación se enfrenta a factores condicionantes exógenos tan difíciles de controlar como los choques externos y la volatilidad financiera global.

Por otra parte, el aprendizaje histórico no puede quedar olvidado tras las dificultades que surgen en un mundo cada vez más interdependiente e inestable. Por el contrario, este aprendizaje es el que debe condicionar la agenda de futuro, sobre todo cuando requiere de mucha voluntad política en el presente. La iniciativa de los países para mantener los equilibrios macroeconómicos y contener los costos sociales de la crisis es una muestra de esta voluntad.

Es en este marco que desde la CEPAL planteamos la centralidad de la igualdad en el desarrollo. Defender hoy el valor de la igualdad es recrearlo a la luz del aprendizaje histórico así como de las actuales condiciones de ser en el mundo y vivir la globalización en todos sus ámbitos. El valor de la igualdad, junto con el de la libertad, es la forma más humanizada de asumir las tareas de la modernidad.

La igualdad ha estado en el corazón de la política moderna y de las luchas sociales por el cambio y el mejoramiento de la sociedad. A lo largo de los tres últimos siglos, esta igualdad ha involucrado dos dimensiones complementarias pero en tensión permanente. La primera se refiere a la abolición de privilegios y la consagración de la igualdad de derechos de todos los individuos, cualesquiera que sean sus orígenes y condiciones de género, nacionalidad, edad, territorio y etnia.

Esta dimensión tiene su mayor expresión en las declaraciones de derechos humanos realizadas desde la Revolución Francesa hasta las de las Naciones Unidas y los sucesivos pactos suscritos por la comunidad internacional. Este principio cristaliza en la idea de ciudadanía que refiere al conjunto de derechos y obligaciones de los individuos, a la comunidad política a la que pertenecen, a la existencia de marcos institucionales y normativos que dan garantías ciudadanas y de un espacio público donde se ejercen los derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía. Este es el valor de la igualdad que proclama la democracia.

La segunda dimensión se refiere a la distribución de recursos en la sociedad, que permite que todos los miembros ejerzan efectivamente sus derechos. Esta surge de una primera debilidad de la dimensión de la igualdad ciudadana, que en América Latina y el Caribe ha estado secularmente presente, a saber, la merma de la igualdad política cuando no se reconocen y remedian las desigualdades de recursos materiales y simbólicos. Postulamos, entonces, el principio de igualdad real o sustantiva en las diversas esferas de la vida social en que se afirman derechos universales. Y si la primera dimensión de la igualdad remite a la cuestión de los derechos y al papel del poder judicial para garantizarlos, la segunda remite a la justicia social y a una estructura socioeconómica y política que la promueva. Este es un gran desafío pendiente en esta región, donde las brechas de igualdad son, y han sido, las mayores del mundo.

Es en este marco conceptual donde entendemos el rol protagónico de la transparencia y el gobierno abierto. No es, creemos, una discusión técnica; por el contrario, es eminentemente política. Encarar privilegios, garantizar igualdad de derechos, afirmar la plena ciudadanía, reducir las brechas de igualdad en recursos materiales y simbólicos, son todas tareas que se sirven mejor cuando todos pueden disponer de la información esencial que determina los asuntos públicos. La información es poder político, o al menos, una condición para que este pueda ejercerse.

Por ello, vemos con satisfacción cómo en los últimos años el paradigma de gobierno abierto se ha posicionado en la agenda internacional como una respuesta vigorosa a los desafíos del avance en transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas e integridad.

Vemos cómo se trata de abrir espacios para la participación ciudadana, promoviendo un mejoramiento en el uso de los recursos públicos y la generación de nuevos modelos de gestión y provisión de servicios, a través del uso intensivo de recursos digitales e innovaciones de carácter cívico, que han dado un nuevo impulso a las tradicionales estrategias de gobierno electrónico en los distintos países del mundo.

Ahora bien, este impulso tiene raíces longevas y profundas. Sin imaginar la naturaleza y el alcance de las plataformas tecnológicas que pueden permitir que los datos fluyan hoy casi instantáneamente del quehacer oficial al conocimiento público, hace más de tres siglos, en 1690, quienes desde la filosofía política imaginaban las condiciones de lo que sería el Estado moderno afirmaban, como John Locke, que: “…el poder político solo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel Estado en que todos los hombres se encuentran por naturaleza libremente dotados de las mismas ventajas y, por lo tanto, de los mismos derechos, derechos que le otorguen el poder tener vista de cómo proceden las cosas del Estado…”.

Esta reivindicación lúcida del siglo XVII nos llega con plena vigencia a los umbrales del siglo XXI, donde vemos tomar forma iniciativas de gobierno abierto que se afirman en los pilares de la transparencia, la participación y la colaboración.

Decía Kant en su monumental tratado “Para la paz perpetua”: “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”.

Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica sus planes y estrategias de desarrollo, con lo cual da contenido a sus responsabilidades frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y una permanente vigilancia por parte de la sociedad.

Esta condición habilita efectivamente la participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a ser parte central en la formulación de las políticas y a facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Así, se promueve la creación de espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo, el involucramiento y la deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Cuando estos espacios existen, cuando los ciudadanos disponen de información transparente y, desde el Estado, se promueve activamente la participación ciudadana, emergen las condiciones para fundar una relación de colaboración.

Un gobierno colaborativo compromete e involucra a los ciudadanos y demás agentes sociales en un esfuerzo conjunto para resolver problemas públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en amplios sectores de la sociedad. Ello supone la colaboración, la cooperación y el trabajo coordinado, no solo con la ciudadanía, sino con las empresas, las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores, y alienta el esfuerzo conjunto entre las propias administraciones y dentro de ellas.

La aplicación de estos tres principios —en el mundo y en América Latina y el Caribe— se ha ido materializando en iniciativas para mejorar la transparencia y el acceso a la información, mediante la apertura de datos públicos en formatos abiertos (para ejercer la vigilancia social y facilitar la rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico). Esta práctica también facilita la participación de la ciudadanía en el diseño y la implementación de las políticas públicas —y le permite incidir en la toma de decisiones— a través de plataformas tecnológicas y de las posibilidades que alberga la web 2.0. Finalmente, se favorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para diseñar y producir de manera conjunta valor público, social y cívico.

Visto desde esta perspectiva, el gobierno abierto se postula como un renovado paradigma de reforma del Estado y modernización de la administración pública, a partir de una nueva forma de articular iniciativas de transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la producción conjunta de valor público.

Es así como el 21 de septiembre de 2011, con ocasión del sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se lanzó la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), una iniciativa multilateral voluntaria que pretende promover que los países del mundo incorporen los principios de gobierno abierto a sus políticas y actuaciones. Este espacio ha tenido una inusitada respuesta de los ocho países fundadores (Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica). A la fecha se han incorporado 64 países y 15 de ellos son países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay).

La condición de membresía es asumir el compromiso de impulsar un mayor acceso a la información y divulgar las actividades gubernamentales; apoyar la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y uso de vías para solicitar la opinión del público; promover estándares de integridad profesional en todos los gobiernos, y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

El instrumento práctico derivado de esta asociación es la formulación e implementación de un plan nacional de gobierno abierto cuyo elemento esencial es el carácter participativo del proceso de diseño, consulta y posterior monitoreo y evaluación. Estos planes de acción nacionales incluyen compromisos para promover la transparencia y rendición de cuentas, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. En el caso de América Latina y el Caribe, si se suman las iniciativas contenidas en los 14 planes de acción formulados y en fase de implementación, se alcanza la significativa cifra de 328 compromisos (casi un tercio de la totalidad de compromisos de todos los países miembros de la Alianza).

Chile no es la excepción y su incorporación a la Alianza se concretó a través de la presentación del primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto en abril de 2012. Dicho plan contenía 19 compromisos cuya implementación se llevó a cabo hasta fines de 2013 con buenos resultados (un 79% de cumplimiento según el informe de revisión independiente publicado recientemente por la Alianza). En tal sentido, el compromiso por avanzar en la consolidación de un gobierno abierto es hoy una política de Estado.

Hoy, cuando conocemos los compromisos asumidos por el Gobierno de Chile en su Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016, tenemos que relevar destacadamente la incorporación del proceso que lidera Chile con el fin de avanzar hacia la adopción de un instrumento regional que aplique cabalmente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Este proceso, iniciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que cuenta con la CEPAL como secretaría técnica y que ya suma 18 países de América Latina y el Caribe, aspira mediante la cooperación y la integración regional a la construcción de un camino propio para responder a la demanda ciudadana de mayor igualdad, inclusión y participación en la toma de decisiones que afectan a su entorno y calidad de vida. Es por ello que desde la CEPAL no solo celebramos este proceso regional que viene a evidenciar el interés y la autonomía de las naciones de nuestra región por avanzar hacia un desarrollo que se construya uniendo las voces latinoamericanas y caribeñas, sino que hemos comprometido nuestro pleno apoyo.

Desde 2011 la CEPAL, a través del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), ha estado desarrollando capacidades en materia de gobierno electrónico y gobierno abierto con la finalidad de apoyar a los gobiernos de la región a impulsar mejoras en la gestión pública y el planteamiento y formulación de sus políticas, planes, programas y estrategias nacionales con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, así como de aumentar los niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En el marco de esta colaboración, nos sentimos honrados de servir hoy como anfitriones de este encuentro. Agradecemos al Gobierno de Chile, y a la Ministra Ximena Rincón, el gesto de permitirnos acompañar el lanzamiento de su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto para el período 2014-2016.

Desarrollar un gobierno abierto requiere del compromiso de todos aquellos que trabajan en el sector público y la colaboración de la sociedad en su conjunto. Asumir compromisos de gobierno abierto supone impulsar de manera decidida un conjunto de iniciativas referidas al mejoramiento de los servicios públicos; potenciar la integridad y el uso eficiente de los recursos públicos; incrementar la responsabilidad institucional, la rendición de cuentas y la creación de comunidades más seguras y sostenibles.

Felicitamos al Gobierno de Chile por seguir consolidando su política de gobierno abierto y los compromisos que componen esta nueva hoja de ruta para los próximos años que permitirá seguir obteniendo mayores niveles de transparencia, participación ciudadana y mejoramiento de la gestión y entrega de servicios públicos con eficacia, eficiencia, calidad y justicia social.

Muchas gracias.