Si no se cuenta, la violencia contra las mujeres no cuenta

Foto: Talita Oliveira, Flickr

Un completo panorama de la información disponible sobre la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, en particular en Argentina, Guatemala, Perú y en la subregión del Caribe, se puede encontrar en el estudio que la División de Asuntos de Género de la CEPAL preparó como parte de un proyecto ejecutado por las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.

El informe Si no se cuenta, no cuenta. Información sobre la violencia contra las mujeres analiza la capacidad de cada país para producir datos y evaluar los impactos que han tenido las distintas iniciativas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de este flagelo en la región.

El proyecto interregional “Fortaleciendo las capacidades para erradicar la violencia contra las mujeres a través de la construcción de redes locales de conocimiento”, ejecutado en América Latina y el Caribe por la CEPAL, responde al llamado hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a calcular con datos la incidencia de este fenómeno en el marco de su campaña “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, lanzada en 2008.

Los datos citados en el estudio son reveladores. Los países de América Latina y el Caribe han suministrado solo 48,5% de la información solicitada por las Naciones Unidas para completar la base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer. La región está detrás de Europa (64,4%), pero mejor posicionada que África (20,8%) y Oceanía (14,3%).

En el documento se entregan una serie de recomendaciones para mejorar la respuesta de los países tanto en el ámbito nacional como regional. En primer lugar, se propone “impulsar la creación de un sistema integral de intervención, sin fisuras, que imparta coherencia interna a las respuestas sectoriales, que funcione bajo un fuerte liderazgo político y cuente con financiamiento adecuado y continuo”.

El sistema planteado, que debería ser concebido como política de Estado, requiere procesos amplios de debate y búsqueda de consensos. “Los sectores de la salud, la justicia, los servicios sociales, el empleo, la educación, los organismos de la mujer, las entidades especializadas de la sociedad civil y las instituciones académicas pueden aportar al debate desde sus saberes particulares”, señala el texto.

La primera parte del informe se centra en la perspectiva regional, mientras que en la segunda se presentan estudios de caso de Argentina, Guatemala, Perú y el Caribe, en particular Trinidad y Tabago.

Según el texto, en América Latina y el Caribe se han emprendido varios esfuerzos, con distintos grados de avance, encaminados a unificar los registros de las diversas instituciones públicas que intervienen en los casos de violencia contra las mujeres.

Trinidad y Tabago, Dominica y Santa Lucía, en la subregión del Caribe, han exhibido progresos en esta materia, ayudados probablemente por su pequeña extensión territorial y su poca población, lo que presupone volúmenes de información más manejables.

Ecuador avanza en la formulación de un registro unificado con la intervención de varias instituciones del Estado, mientras que en Guatemala también se trabaja para coordinar los esfuerzos en favor de la documentación de los casos, por expreso mandato de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia.

El estudio de la CEPAL destaca que “la gran mayoría de los países de la región cuenta con normas de naturaleza civil, penal o ambas para abordar las diversas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, en particular la violencia doméstica o intrafamiliar”. En cambio, las manifestaciones de violencia sexual dentro del matrimonio, la trata de personas o el acoso sexual se encuentran menos legisladas.

Por otra parte, pocos países de América Latina y el Caribe cuentan con una ley integral que coordine las instituciones y programas relacionados con la violencia de género, como sucede en Argentina, Colombia y México. “Pero incluso en esos países los sistemas jurídicos disponen de normas específicas que abordan las distintas manifestaciones de la violencia y generan procesos con sus particularidades propias”, advierte el texto.

Pese a subrayar la importancia de contar con legislaciones adecuadas para erradicar este flagelo, el informe recuerda que “el problema de la violencia contra las mujeres, por su complejidad y múltiples aristas, no se resuelve con leyes ni con asistencia psicológica y social exclusivamente. También exige acciones dirigidas a transformar la cultura y las condiciones en que se establecen y consolidan las relaciones sociales”.

“El camino está iniciado. Llegó la hora de continuarlo con una más amplia producción de información accesible de mejor calidad, una mayor transparencia y una creciente articulación de esfuerzos a partir de un mejor entendimiento de los nudos críticos persistentes que habrá que eliminar en el avance hacia la meta de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, concluye.