Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL:
Perspectivas para Río+20

Foto: Lorenzo Moscia/CEPAL

América Latina y el Caribe está actualmente en una situación considerablemente mejor que en el pasado para responder a los planteamientos que se acuerden en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, denominada Río+20, que se realizará en junio de 2012 en Brasil, así como para tomar medidas económicas que faciliten el tránsito hacia un desarrollo sostenible.

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 1992 transformó la noción de desarrollo en un concepto integral, con la sostenibilidad como objetivo universal y nuevo paradigma. De esa instancia surgió una agenda de trabajo, 26 principios y 3 convenciones económico-ambientales de gran alcance, como la del cambio climático para hacer frente al calentamiento global.

En ese momento culminaba una década muy dura para América Latina y el Caribe, la de 1980, denominada "década perdida", marcada por la volatilidad en el crecimiento, la fuga de capitales, la devaluación de las monedas y los salarios, los intentos de control de las tasas de inflación de dos dígitos, y por el peso de la deuda externa.

Durante la década de 1990, las economías de la región lograron grandes avances en la gestión macroeconómica para la estabilización nominal y el control del endeudamiento, privatizando numerosos activos públicos y abriendo las economías a la competencia internacional en prácticamente todos los sectores. En este contexto, dado el lento crecimiento del empleo formal y de la protección social, la competencia salarial global y la mayor vulnerabilidad social a los choques externos, se hicieron importantes progresos en el pilar social mediante las transferencias condicionadas.

La cumbre de 1992 motivó el fortalecimiento de los marcos normativos para la protección ambiental y de las instituciones para la gestión del medio ambiente, sin la fortaleza de otras áreas del desarrollo como la energía, la infraestructura, la agricultura y las finanzas, pero reflejando una creciente importancia de las preocupaciones ambientales en el desarrollo nacional.

El pilar que no se modernizó para orientarse hacia el desarrollo sostenible en estos 20 años en América Latina y el Caribe es el de la política económica.

Observamos el abandono de las cuentas ambientales integradas en los sistemas de contabilidad nacional, la dominante ausencia de instrumentos fiscales para la tasación de males ambientales, la falta de fijación de precios a las externalidades negativas en los proyectos de inversión, la lenta inclusión de criterios ambientales en la compras públicas, el aumento de los subsidios regresivos y contraproducentes a los combustibles fósiles, la desinversión en los sistemas de transporte masivos (salvo excepciones) y en los sistemas de manejo adecuado de residuos sólidos, la desarticulación de responsabilidades ambientales entre los entornos urbanos y nacionales, la creciente importancia del transporte privado y los incentivos a la carbonización de las matrices energéticas y a la expansión de las fronteras agropecuarias, entre otros.

La cumbre de Río+20 ha sido preparada en plena crisis financiera global, fuertemente influida por esta. Por su profundidad, en 2008 se consideró la necesidad de hacer un esfuerzo económico-social semejante al de la crisis de 1929, un nuevo pacto (A Green New Deal, PNUMA). Un pacto basado en la inversión en sectores con reducido impacto ambiental, bajos en carbono y altos en empleo como motores de la recuperación. La idea fue aplicada en países desarrollados, particularmente en Europa, y en algunos en desarrollo, como China y Corea, en tanto hubo disponibilidad de recursos fiscales para financiar políticas anticíclicas.

En este contexto se lanzó la idea de concentrar las propuestas para Río+20 en dos puntos: la economía para el desarrollo sostenible y la reforma al sistema de Naciones Unidas y Bretton Woods para dar un mayor nivel de coherencia a las instituciones económicas en relación con las de desarrollo, problema que tiene su origen en los propios países.

Para muchos países en desarrollo hay precedentes que marcaron el proceso preparatorio, entre ellos, la negociación en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tendiente a liberalizar los mercados para el comercio de bienes y servicios ambientales, producidos mayoritariamente en países desarrollados; el intento por modificar los compromisos de los países en desarrollo en el marco del Protocolo de Kioto en Copenhague; y la aparición de la huella de carbono y otras en el comercio internacional como potenciales barreras al comercio. Todos estos aspectos se combinaron para generar desconfianza hacia el término economía ecológica debido al temor de un posible alejamiento del concepto de desarrollo sostenible. Sin duda, estas prevenciones requieren de clarificación.

El punto anterior desafortunadamente dejó en un segundo plano la discusión al interior de los países del enorme campo de mejora posible en materia de políticas económicas y de inclusión social, de acceso a la información y de educación para la sostenibilidad del desarrollo. Por esta razón es importante aprovechar la oportunidad para examinar estas posibles mejoras.

El balance regional preparado por la CEPAL en conjunto con otras agencias y programas de las Naciones Unidas evidencia avances y brechas, tanto sociales, económicas como ambientales, incluidas las de la cooperación internacional, cuya Asistencia Oficial al Desarrollo fue de 0,35 %, frente al 0,7 % comprometido. En este informe, titulado La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe, se proponen algunos lineamientos para un desarrollo más sostenible.

Entre las propuestas relacionadas con la economía se destaca la necesidad de llevar a cabo una mejor contabilidad y valoración de los reales costos de la actividad económica sobre el medio ambiente y la salud, y la inclusión en las cuentas nacionales no solo del valor agregado sino también del estado del patrimonio económico, social y ambiental. Otro paso indispensable es privilegiar las inversiones inclusivas socialmente y de menor impacto ambiental, como el transporte público.

América Latina y el Caribe llega a Río+20 con varios años de crecimiento sostenido, baja volatilidad en los macroprecios y avances en el combate a la pobreza y la desigualdad. El sector externo tiene una perspectiva favorable de mediano plazo. Por ello sería muy afortunado que los países de la región tomen la oportunidad para mirar hacia dentro y renovar la gestión económica, de forma de orientar las inversiones, compras públicas, tasas de descuento, ingresos y gastos fiscales y otros instrumentos económicos hacia una mayor sostenibilidad de su propio desarrollo.