En los últimos años, la preocupación por abordar la triple crisis planetaria de clima, naturaleza y contaminación se ha intensificado, convirtiéndose en uno de los principales desafíos del presente siglo. Los recientes reportes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) han puesto de relieve el aumento de la temperatura promedio de la tierra, subrayando la responsabilidad humana en el calentamiento global y destacando la insuficiencia de los esfuerzos actuales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En respuesta a ello, las jurisdicciones nacionales y subnacionales de la región han manifestado un compromiso creciente hacia la mitigación del cambio climático mediante la implementación de diversos instrumentos de fijación de precios al carbono (IPC).
Estos mecanismos, diseñados para internalizar los costos sociales de las emisiones de carbono, se han convertido en pilares fundamentales de la agenda climática, impulsando acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el involucramiento del sector privado y una fuente de financiamiento de la acción climática. Las emisiones de gases de efecto invernadero producto de las actividades productivas antropogénicas son una externalidad negativa que afecta al sistema climático global. Están estrechamente relacionadas con el actual estilo de desarrollo y conllevan ineficiencias económicas, ya que los verdaderos costos de las acciones no son internalizados por quienes generan las emisiones.
En este escenario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha desempeñado un papel destacado, brindando asistencia técnica y generando conocimiento especializado para apoyar la adopción y aplicación efectiva de los instrumentos de fijación de precios al carbono en la región. A través de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, la CEPAL ha abordado junto a países de la región temáticas clave como el estado de los precios al carbono en la región, los impactos distributivos del impuesto al carbono, la estimación del precio social del carbono para la evaluación de la inversión pública, el diseño de guías y herramientas para su implementación en la evaluación de proyectos de inversión pública, espacios de fortalecimiento de las capacidades técnicas de funcionarios de Ministerios de Finanzas, Economía, Planificación y Medio Ambiente, así como también en el análisis de sistemas de instrumentos de fijación de precios del carbono en América Latina y las jurisdicciones relevantes en la región.
Los estudios realizados por la CEPAL no sólo ofrecen un marco sólido para comprender los desafíos y oportunidades asociados con la implementación de los IPC en la región, sino que también proporcionan herramientas y estrategias efectivas para promover la mitigación del cambio climático a un menor costo. En este contexto, la cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias entre los países de América Latina y el Caribe desempeñan un papel fundamental en la construcción de un futuro más sostenible y resiliente para todos.
¿Qué son los Precios al Carbono?
Los precios al carbono son instrumentos económicos diseñados para internalizar los costos sociales asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), particularmente el dióxido de carbono (CO2), con el objetivo de mitigar el cambio climático. Estos precios establecen un valor monetario a las emisiones de carbono, lo que incentiva a las empresas y a los individuos a ajustar sus decisiones de producción y consumo, logrando con ello reducir sus emisiones y adoptar prácticas más sostenibles.
Existen distintas maneras para introducir un precio al carbono. Una de ellas es hacerlo de manera explícita a través del impuesto al carbono o el sistema de comercio de emisiones. Otra alternativa es mediante la incorporación de precios ficticios (precios sociales) en los instrumentos financieros e incentivos que fomentan proyectos con bajo nivel de emisiones de carbono.
Impuestos al carbono: En este enfoque, el gobierno a autoridad establece un impuesto a los agentes económicos sobre cada tonelada de carbono emitida. Las empresas o individuos que emiten carbono deben pagar este impuesto, lo que les brinda un incentivo económico para reducir sus emisiones y optar por tecnologías más limpias y eficientes. Con el impuesto al carbono, el gobierno fija el precio y deja que el mercado determine las emisiones totales.
Sistemas de comercio de emisiones (ETS): También conocidos como "cap and trade" (límite y comercio). Los ETS establecen un límite máximo de emisiones permitidas y asignan permisos limitados e individuales a las fuentes emisoras para cumplir el máximo establecido. Las empresas pueden comprar o vender estos permisos en un mercado secundario, lo que les permite establecer, a través de la creación de oferta y demanda de permisos, un precio de mercado para las emisiones y, ajustar sus emisiones de acuerdo con sus necesidades y costos. En suma, con un ETS el gobierno establece un límite máximo a las emisiones y deja que el mercado determine el precio.
Precio social del carbono (PSC): Este enfoque se basa en la internalización de los costos sociales de las emisiones de carbono en la toma de decisiones económicas. El PSC representa el valor monetario de los daños sociales causados por cada tonelada adicional de emisiones de CO2. Al incorporar el PSC en los análisis costo-beneficio y en la evaluación de proyectos, se busca cambiar la rentabilidad de las opciones de inversión y con ello promover la implementación de proyectos y de medidas que reduzcan las emisiones y mitiguen los impactos del cambio climático. Este enfoque se considera fundamental para alcanzar un equilibrio óptimo entre los costos de mitigación y los beneficios sociales de la reducción de emisiones.