Un informe anual reciente elaborado por la Oficina de Washington de la CEPAL brinda un balance de los hechos más relevantes en las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y América Latina y el Caribe y de las medidas que impiden el libre flujo de bienes entre los países del hemisferio occidental.
En el informe Novedades Comerciales de Estados Unidos-América Latina y el Caribe 2016-2017 (disponible solo en inglés) se explica que el comercio figura notablemente en la agenda económica de la nueva administración. La Agenda de Política Comercial del Presidente refuerza el enfoque en la defensa de los intereses de los Estados Unidos a través de la promoción del comercio libre y justo al identificar cuatro prioridades: promover la soberanía de Estados Unidos, hacer cumplir las leyes de comercio de Estados Unidos, apuntalar su fortaleza económica para expandir la exportación de bienes y servicios, y proteger los derechos de propiedad intelectual del país.
En particular, la administración ha indicado que se evitarán los acuerdos multilaterales de libre comercio, se priorizarán las negociaciones comerciales bilaterales y que la reducción del déficit comercial de Estados Unidos será un objetivo central de su política comercial, según el informe de la CEPAL.
Agrega que una variedad creciente de actividades económicas se están trasladando al ámbito digital (online), abarcando varias tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que tienen un impacto transformador en la manera de hacer negocios, y en la interacción de las personas entre sí y con el gobierno y las empresas. Las exportaciones de Estados Unidos relacionadas con el comercio digital están aumentando, junto con la inversión extranjera directa (IED) en esas industrias. El informe de este año analiza la importancia del comercio digital para la economía estadounidense, así como algunas de las barreras existentes que pueden estar impidiendo el crecimiento de la economía digital.
Otros acontecimientos relevantes para la región incluyen una estrategia de varios años para el Caribe desarrollada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el fin de mejorar la seguridad y prosperidad de la región caribeña y, a su vez, la de Estados Unidos. El objetivo de esa estrategia es impulsar el crecimiento y la generación de empleo por parte del sector privado; la diversificación energética, las reformas regulatorias y las asociaciones públicas-privadas en el Caribe, así como maximizar las asociaciones entre Estados Unidos y el Caribe en materia de salud y educación.
Con respecto a América Central, el informe recuerda que Estados Unidos fue coanfitrión con México de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, en junio de 2017. Fue la primera cumbre de alto nivel entre las autoridades de América Central y la administración Trump y buscaba marcar el rumbo de la relación para los próximos años.
Además, el Presidente Trump esbozó una nueva política hacia Cuba que revirtió parcialmente la política de apertura de la administración Obama. Con respecto a los viajes, el Presidente Trump terminó con la directiva que permitía a los individuos planificar sus propios viajes a Cuba. Los ciudadanos de Estados Unidos podrán seguir viajando a Cuba en grupo y con fines educativos o profesionales.
El estudio aborda también los temas de inmigración, notando que en mayo de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó una extensión de seis meses a los 58.000 inmigrantes haitianos que habían estado viviendo en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) desde el devastador terremoto de 2010, declarando que las condiciones en su patria no son las suficientemente estables para obligarlos a volver.
En cambio, en octubre el DHS decidió terminar el TPS para alrededor de 5.300 nicaragüenses a quienes se les había otorgado refugio temporal después del Huracán Mitch en 1998, junto con ciudadanos de Honduras y El Salvador. Asimismo, el TPS expiró para El Salvador en enero 2018, afectando a alrededor de 200.000 salvadoreños.
