El pasado jueves 8 de julio, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Sra. Alica Bárcena, presentó el nuevo informe especial que examina el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 a más de un año de su inicio. El informe, titulado “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, analiza el comportamiento de los principales indicadores económicos y sociales de la región y presenta propuestas de política para lograr una recuperación transformadora basada en la construcción de un nuevo estilo de desarrollo.
Entre dichas propuestas destaca la movilización de la inversión para universalizar los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad con fuentes renovables, siguiendo los criterios de los ODS 6 y 7. La Secretaria Ejecutiva resaltó que en nuestra región hay 166 millones de personas sin agua potable gestionada de manera segura y 443 millones de personas sin saneamiento gestionado de manera segura. Agua potable gestionada de manera segura corresponde a agua para consumo procedente de una fuente mejorada ubicada dentro de la vivienda o en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias y el saneamiento gestionado de manera segura supone instalaciones mejoradas que nos son compartidas con otras viviendas y donde las excretas son dispuestas de manera segura in situ o transportadas y tratadas fuera de sitio (OMS /UNICEF, 2019). En el caso de nuestra región, un gran reto pendiente es el tratamiento de las aguas residuales y el impacto negativo que esto tiene en la salud y el ambiente. Asimismo, hay 19 millones de personas sin acceso a electricidad y 77 millones de personas sin acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Para estas personas, la falta de acceso dificulta enormemente las posibilidades de mantener las medidas de confinamiento en los hogares impulsadas por los gobiernos para disminuir los contagios.
También enfatizó que las medidas de dispensa del pago para evitar el corte de estos servicios tomadas por los gobiernos para aliviar la situación socioeconómica de los hogares durante la pandemia para los quintiles 1 y 2 de la región por un periodo de 12 meses, representan 0.12% y 0,29% del PIB anual para los sectores de agua y electricidad respectivamente. Estos montos deben compararse con la inversión requerida para cerrar la brecha de cobertura en ambos sectores al 2030, siguiendo las metas estipuladas en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que corresponden al 1,3% del PIB anual para cada sector. De acuerdo a las estimaciones de CEPAL, estas inversiones podrían generar 3,6 millones de nuevos empleos por año en el caso de agua potable y saneamiento y 0,5 millones de nuevos empleos por año en el caso de la electricidad. Adicionalmente, esta inversión genera otros importantes beneficios económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, la mejora de la salud pública y ambiental, incluyendo reducción de la contaminación de cuerpos de agua, así como de emisiones de CO2 de alrededor de 100 MT. Estas inversiones también permiten impulsar las buscadas transiciones hídrica y energética sostenibles. La transición hídrica que propone CEPAL persigue tres grandes metas: i) universalizar el acceso y garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento gestionados de manera segura; ii) revertir las externalidades negativas (contaminación, sobreexplotación, conflictos) que surgen por el actual modelo de gestión del agua; y, iii) integrar el manejo circular del agua para aprovechar y reducir la presión sobre el recurso hídrico. La transición energética se basa en universalizar en acceso en base a fuentes renovables y una integración regional alcanzando un 90% de renovabilidad en la red eléctrica al 2030.
