La pandemia provocada por el COVID-19 ha hecho visibles los problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social
y los regímenes de bienestar. Por ello, una nueva normalidad no es el camino, debemos repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, afirmó hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas sostuvo un encuentro virtual con la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Junto a Alicia Bárcena, en el evento participó Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei). A nombre de la sociedad civil intervinieron Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
En la reunión participaron 210 representantes de la sociedad civil quienes manifestaron sus inquietudes respecto a los desafíos que enfrenta la región con miras a garantizar los derechos y autonomía de las mujeres, las personas migrantes y desplazadas; de niñas, niños, adolescentes y juventudes; de indígenas y afrodescendientes, de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, entre otros.
Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó el compromiso de la región con la implementación de la Agenda 2030, así como la importancia de su cumplimiento pese a los desafíos que impone la pandemia del COVID-19.
“Ante las crecientes dificultades que los países de América Latina y el Caribe deberán afrontar en este contexto de crisis, la Agenda 2030 es hoy, más que nunca, nuestra hoja de ruta colectiva e impostergable. Apoyar su implementación, así como el seguimiento y monitoreo de los avances a mediano y largo plazo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en todos y cada uno de nuestros países, es un gran reto que tendremos que enfrentar en este período de pandemia. Armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible”, subrayó.
Destacó que, en este camino, los mecanismos de participación son muy importantes. “No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”, dijo.
Añadió que la crisis actual, junto a las desigualdades y fallas estructurales que ha hecho evidentes, nos llama a avanzar en la implementación de los ODS y alcanzar la visión que la Agenda 2030 plantea de un mundo más justo e igualitario, con mayor sostenibilidad ambiental.
Alicia Bárcena recordó que antes de la pandemia América Latina y el Caribe registraba siete años de lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes.
Precisó que las estimaciones señalan que los efectos de la pandemia generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, con un crecimiento proyectado de -5,3%, un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020 que generaría casi 12 millones más de desempleados en la región y un aumento de casi 30 millones de pobres.
Por ello, dijo, es urgente que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.
La CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
La máxima representante de la comisión regional de las Naciones Unidas agregó que la propuesta estratégica de la CEPAL apunta a lograr un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social fiscal y productivo, así como sistemas de protección social universal para evitar otra década perdida.
Advirtió además sobre la importancia de tener un espacio más claro para ampliar la fiscalidad para las políticas de corto y mediano plazo. En ese sentido, recalcó que la evasión y elusión fiscal, que corresponde al 6,3% del PIB regional, equivale a la mitad del gasto social del gobierno central y es 3 veces el gasto requerido para cubrir por seis meses a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020. Además, es más elevado que el gasto promedio del gobierno central en educación (4%) y salud (2,2%).
“Necesitamos sistemas de protección social universal con enfoque de derechos, estrategias de inclusión laboral y, sobre todo, superar la fragmentación, la jerarquización y la mercantilización de los sistemas de salud. Esto va a requerir, sin duda, un pacto social”, afirmó.
Subrayó que el COVID-19 es un gran llamado de atención hacia el modelo de producción y consumo.
“Tenemos que cautelar que la crisis económica no se solucione a costa del ambiente. Si seguimos degradando el planeta el cambio climático será nuestro siguiente gran problema”, alertó.
Finalmente, Alicia Bárcena destacó las iniciativas que la Comisión ha desarrollado para entregar acciones rápidas frente al impacto socio-económico del COVID-19 en América Latina y el Caribe: el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway), resultado de un esfuerzo conjunto del Sistema de Naciones Unidas en la región, así como el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe y los tres reportes especiales desarrollados por CEPAL sobre el impacto socio-económico de la pandemia en la región.
