La economía mexicana deberá aumentar significativamente la inversión, en especial la pública, y reducir la desigualdad si quiere salir de la trampa de lento crecimiento en la que lleva inmersa por décadas. Así lo señala un reciente estudio publicado por la Sede Subregional de la CEPAL en México.
En el documento, titulado Tendencias y ciclos de la formación de capital fijo y la actividad productiva en la economía mexicana, 1960-2015, los consultores de la CEPAL Juan Carlos Moreno-Brid, Jamel Kevin Sandoval e Ismael Valverde, analizan la inversión y su relación con la actividad productiva desde una perspectiva de largo plazo, y entregan recomendaciones de política para dinamizar el crecimiento económico.
Los autores distinguen dos etapas en la evolución de la economía mexicana: una que abarca desde 1960 a 1981, en donde el modelo de desarrollo se centró en la industrialización dirigida por el Estado, y otra desde 1988 a 2015, marcada por una serie de reformas orientadas a priorizar la estabilización macroeconómica nominal y reducir el papel del Estado en la esfera económica.
En el estudio se señala que a 30 años de las reformas económicas emprendidas durante el gobierno de Miguel De la Madrid (1982-1988) para enfrentar la crisis fiscal y de balanza de pagos derivada del colapso del mercado petrolero de inicios de los años 1980 y el cierre del acceso a los circuitos financieros internacionales, se han alcanzado logros importantes –como una baja inflación, un déficit fiscal acotado y un auge de las exportaciones manufactureras- pero también persisten falencias graves.
Entre estas últimas se encuentran el lento crecimiento económico, la mayor concentración del ingreso y la riqueza, el deterioro del mercado laboral y el escaso avance en la lucha contra la pobreza. Esto se ha traducido en bajas condiciones de bienestar material y alta vulnerabilidad en una amplia mayoría de la población.
En relación al producto interno bruto (PIB) de México, el documento indica que en los decenios de 1960 y 1970 la economía creció anualmente a más del 6% en promedio. Para 1982-1987 se estancó como resultado de la doble crisis de balanza de pagos y fiscal y de las medidas de ajuste para hacerle frente. Su repunte ha sido débil y, además, ha ido perdiendo vigor. Durante 1988-1994 el PIB real creció al 3,1% anual; en 1995-2000 al 2,7% y en 2000-2008 al 2%, muy por debajo de las elevadas tasas registradas en las economías del Cono Sur merced al boom de commodities. En 2009 la caída de México (-4,7%) fue la más aguda en la región. Si bien al año siguiente aumentó 4,5%, pronto perdió fuerza. Su alza anual promedio fue de apenas 2,6% en 2010-2015 y será menor en 2016.
En tanto, la inversión creció en 1960-1981 a una tasa media anual de 8%, un par de puntos arriba de la del PIB. En 1982-1987 sufrió una severa caída (-7%), con una recuperación robusta (6,9%) entre 1988 y 1994, pero que no mantuvo el paso. El resto de los años noventa aumentó a un promedio de 3,9% anual y en 2000-2008, al 3,6%. Tuvo un desplome de -9,3% en 2009, y en 2010-2015 creció a una media anual de 2,4%, inferior a la del PIB.
Según los autores, para recuperar el crecimiento y la inversión se necesitan dos cambios fundamentales en la política económica del país: primero, una reforma fiscal que parta de un compromiso social por una renovada orientación a la modernización y ampliación de la infraestructura; y segundo, recolocar al Estado como actor político legítimo y central, en coordinación con el sector privado, en el diseño e instrumentación de una política económica para el desarrollo.
Por otra parte, los especialistas recalcan que, tal como ha venido apuntando la CEPAL, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad son objetivos complementarios; no antagónicos ni secuenciales. Para alcanzarlos es crucial aplicar simultáneamente políticas para transformar la estructura productiva y para redistribuir el ingreso de manera más progresiva a favor de los salarios de los que menos tienen, agregan.
El documento concluye diciendo que en las condiciones actuales de la economía mundial, marcada por el lento crecimiento del comercio global, el combate a la desigualdad es un instrumento indispensable para fortalecer el mercado interno y dotar de otro motor de impulso al crecimiento de la actividad productiva y al empleo del país. “Poner a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de la agenda política macroeconómica y lograr un compromiso con la inversión para el desarrollo, requiere de un nuevo pacto fiscal, que no puede seguir siendo el eterno pendiente de nuestra sociedad”, finaliza.
