El agua dulce es un insumo imprescindible para el desarrollo de la sociedad; es vital para el consumo directo, mantener la salud pública, la producción de alimentos, la industria, la generación energía, y fundamental para mantener la integridad de los ecosistemas terrestres, que, a su vez, es la base para seguir manteniendo la disponibilidad de agua. Sin embargo, en México y el mundo, la gestión y uso del agua han destinado poca atención a la relación entre agua-ecosistemas-biodiversidad.
Históricamente, en América Latina y el Caribe y en el mundo se han implementado una variedad de medidas, políticas, programas o prácticas que han sido creadas para alcanzar objetivos económicos y productivos, pero que no consideraron en su diseño la afectación o impacto negativo o positivo en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Los gobiernos transfieren valor a los privados (o también a empresas estatales) de muchas maneras, por ejemplo, por gasto directo, gastos fiscales, tasas de uso, condiciones de acceso a los recursos, crédito, seguros por el riesgo, transferencias inducidas, regulaciones específicas sobre las externalidades (Koplow y Steeblick, 2022). Los diagnósticos actuales suelen estar calculados a nivel mundial. La disponibilidad de datos sobre la magnitud de las subvenciones o incentivos vía instrumentos públicos varía mucho según los sectores y los países, pero tenemos aproximaciones que nos indican que son relevantes. Los subsidios o incentivos públicos potencialmente perjudiciales a la biodiversidad se estiman entre 1 - 2% del PIB mundial -incluso basándose en estimaciones incompletas- (OCDE, 2020; Deutz y otros, 2020; Dempsey, Martin y Sumaila, 2020).
En el reciente estudio de D. Koplow y R. Steenblik, "Proteger la naturaleza reformando las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente: El papel de las empresas" (2022), se ha estimado que en orden de escala e impacto y los beneficios de la potencial reforma de dichos incentivos perjudiciales, los tres más predominantes son los combustibles fósiles, la agricultura y el agua. Cabe destacar que a pesar de que existe un gran traslape entre sectores, en general, la mayoría de las revisiones de los subsidios gubernamentales han tenido un enfoque específico por industria en lugar de varios sectores de recursos naturales a la vez, por lo que es necesario entender mejor la interacción entre sectores.
La actual asistencia técnica solicitada por México (SEMARNAT) a la CEPAL tiene por objetivo desarrollar un diagnóstico de los instrumentos de política pública, tanto del sector agua como otros sectores interrelacionados (v.gr. agricultura, electricidad), con potencial efecto perjudicial o positivos para la biodiversidad. Hoy México tiene una cobertura de acceso y saneamiento muy altas a nivel de servicio básico. Sin embargo, hay un enorme desafío para gestionar agua y saneamiento de manera segura y sustentable a través de un manejo integral de recursos hídricos.
El estudio analizó información pública sobre los presupuestos de distintos instrumentos públicos y referencias internacionales y nacionales de los potenciales efectos positivos y negativos de diferentes actividades de gestión y uso del agua sobre ecosistemas y biodiversidad. En términos presupuestales, se identificó que la mayor parte de las transferencias monetarias de los diferentes instrumentos analizados tienen efectos negativos o ambiguos sobre las variables esenciales de la biodiversidad.
El 6 de diciembre se llevó a cabo una reunión para presentar los primeros hallazgos del estudio de la CEPAL y recoger impresiones y sugerencias de los participantes. La reunión fue introducida por César Rodríguez, director general de la Secretaría de Medio Ambiente y por Recursos Naturales (SEMARNAT) División de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental y Jeannette Sánchez directora de la DRN. También participaron de forma presencial personas adscritas a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA: Mónica López Aguilar, Gerente de Planificación Hídrica, Orlando Jaimes, Subgerente de Planificación Hídrica Nacional, Juan José Díaz, Subgerente del Sistema de Información Nacional del Agua, Ivonne Cecilia Garduño Subdirectora de Área, Luis Enrique Calderón, Jefe de Proyecto de Procesos Programáticos y de Estudios, Araceli López, Jefe de Proyecto, Karen Itzel Tolentino, Directora de Área de Infraestructura Hidroagrícola, Nazario Álvarez, Jefe de Proyecto; de distintas áreas de la SEMARNAT: Leticia Manzanera Herrera y Cairo. Directora de Integración de Políticas Sectoriales, Miguel Ángel López Bracho, Director de Planeación, Fernando Islas, Director de Análisis e Instrumentos, Guadalupe Cintya Benítez, Subdirectora de Integración de Informes Institucionales, Juan Carlos Vasquez, Subdirector Planeación Presupuestal y Jorge David Fernández, Coordinador General de Planeación e Información, de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR; Noé Mejía Sánchez. Director. Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER; Patricia Koleff, directora de Análisis y Prioridades y Tania Urquiza, Subcoordinadora de Evaluación de Ecosistemas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO (y de forma remota Andrea Cruz Angón, directora de Cooperación y Mónica Alegre, coordinadora de asuntos internacionales; y por parte de la CEPAL participaron además: Silvia Saravia (vía remota), Marcia Tambutti, Víctor Alvarado, Jorge Vásquez (vía remota), Juan Manuel Torres Rojo, Adriana Flores Díaz y Regina Gonzalez. Dentro de las principales recomendaciones del grupo de trabajo, destaca la de conformar una instancia multiactor que siga profundizando y compartiendo información pertinente sobre el vínculo entre el agua y la biodiversidad.
