Presentación virtual: Desafíos y reflexiones en los sistemas de protección social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, aproximadamente un 12% de la población tiene alguna discapacidad, representando alrededor de 70 millones de personas. Se trata de una población muy heterogénea que vive realidades y experiencias diferentes, pero que, lamentablemente, comparten la experiencia diaria de exclusión y vulneración de sus derechos. Si bien ha habido importantes avances respecto a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en los países de la región, aún persisten importantes desafíos para la garantía de sus derechos. Estos retos se ven reflejados en significativas brechas entre las personas con discapacidad y aquellas sin discapacidad en ámbitos como la participación en la comunidad, el acceso a la atención sanitaria y a la educación. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza y está expuesta a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la población. Estas brechas se acentúan al combinarse con otros ejes estructurantes de la desigualdad, como lo son el género, el territorio en que residen y su condición étnico-racial, entre otros.

Esta situación se replica en el ámbito laboral y en el acceso a la protección social. Las personas con discapacidad experimentan diversos obstáculos que les dificultan y/o imposibilitan tener una inclusión laboral satisfactoria y con condiciones laborales decentes, que les garantice el acceso a la seguridad social y protección social contributiva. Las personas con discapacidad no solo tienen mayores tasas de inactividad laboral y de desempleo, sino que, además, aquellas que tienen trabajo, tienen mayores probabilidades de estar en empleos mal remunerados, informales e inestables, con limitadas perspectivas profesionales. La informalidad laboral conlleva a la falta de acceso a los mecanismos de seguridad social, como lo son las prestaciones por desempleo, licencias de maternidad o por enfermedad y pensiones asociadas a la jubilación laboral. A su vez, se observa una tendencia de menor acceso a ajustes razonables en los lugares de trabajo, cuando estos se dan en espacios informales (García Mora y otros, 2021). A pesar de las desventajas que el sector informal significa en materia de protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad y de acceso a la seguridad social, existen incentivos para mantenerse en él toda vez que los criterios de elegibilidad para las pensiones o transferencias por discapacidad no son compatibles con trabajos bien remunerados, como se da en algunos países de la región (García Mora y otros, 2021). Ello deja entrever problemas de articulación entre los sistemas de protección social y las condiciones laborales que enfrentan las personas con discapacidad.

Frente a este escenario, la actividad tiene como objetivo presentar los resultados de un estudio desarrollado por la CEPAL, en conjunto con el Grupo Social ONCE, acerca de los principales desafíos de los sistemas de protección social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Se espera crear un espacio de reflexión y debate con especialistas en esta materia que puedan fortalecer las recomendaciones desarrolladas a raíz de los resultados identificados.