Los integrantes de esta red, que desde 1998 ha puesto en marcha distintas acciones, son profesionales, académicos, investigadores y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, universidades, corporaciones y organizaciones de personas mayores de América Latina y el Caribe.
Desde los inicios de la pandemia, la RED CORV no ha dejado de estar activa en los diferentes países de la región. Ha implementado dos foros regionales, elaborado y aplicado una encuesta de percepción de los efectos del COVID-19, y emitido la declaración pública regional “Exigiendo garantía de derechos para las personas mayores en época de crisis”.
La RED CORV, integrada por organismos de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, ha sido convocante y coorganizadora de las reuniones regionales de seguimiento al Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), realizadas en Santiago (2001 y 2003), Brasilia (2007), Tres Ríos (Costa Rica, 2012) e Ypacaraí (Paraguay, 2017). En su declaración pública “EXHORTA e INTERPELA el ejercicio debido de las responsabilidades de los Gobiernos e instituciones estatales, ante la pandemia COVID 19, acorde a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”.
Como conjunto de organizaciones de la sociedad civil que promueve la vigilancia y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, demanda y exige a Gobiernos, Estados y Organismos Internacionales de la Región lo siguiente (véase CORV, 2020a):
El disfrute pleno de nuestros derechos debe ser AQUÍ Y AHORA, especialmente el derecho a la vida en tiempos de crisis sanitaria. Las personas mayores no podemos esperar (véase CORV, 2020b).
Con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, y de Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el 12 de junio de 2020 se realizó el Foro Internacional COVID-19: Personas mayores y derechos humanos. Este se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (véase CORV/AGECO, 2020).
En su intervención, Adolfo Pérez Esquivel señaló: “En nuestras sociedades modernas a las personas mayores se les margina, se les manda a los geriátricos, no se aprovecha su sabiduría, los que pueden aportar muchísimo a las nuevas generaciones; entonces, es un problema cultural. La educación debe tener en cuenta el trato que se les da a las personas mayores. Hoy a los 60 años una persona está en su plenitud, en las universidades, en los centros de investigación científica, en la vida cotidiana, en las relaciones familiares” (véase CORV/AGECO, 2020).
“Entonces, hay que cambiar la actitud, la conciencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas mayores? Creo que son valores que la sociedad tiene que tener en cuenta, se habla de maltrato, sí hay maltrato, maltrato intrafamiliar, social, cultural y político, y por esto, es que son necesarias las políticas públicas, la marginalidad no es la forma de tratar, es cómo aprovechar esos saberes”.
“Entonces, es un momento de reflexión, es un momento de análisis, porque esta pandemia ha tocado todos los niveles sociales, culturales, políticos, pero tenemos que ver por qué, porque se ha dañado profundamente a la madre tierra. Hay un desequilibrio total, tenemos que recuperar el equilibrio entre el ser humano y la madre tierra, porque cuando se destruye la biodiversidad, se está destruyendo la vida”.
“No debemos dejarnos influenciar por el pensamiento único que tanto daño ha hecho, ese que nos dice que la sociedad de consumo es el objetivo de la humanidad. Esta pandemia que está sufriendo hoy toda la humanidad, nos está llamando a reflexionar, a la conciencia crítica, a recuperar los valores espirituales, sociales y culturales de los pueblos” (véase CORV/AGECO, 2020).
En la parte final de su intervención agregó: “Desde los tiempos más remotos siempre la humanidad se ha hecho tres preguntas que tenemos que volver a recuperar: primera, ¿quiénes somos?; segunda, ¿a dónde vamos? y tercera, ¿qué queremos? Porque si queremos una sociedad de consumo, capitalismo, neoliberal, individualista, y no pensamos en la comunidad, estamos perdidos. Por eso es muy importante la resistencia, tenemos que ser rebeldes, necesitamos la rebeldía, social, cultural, política y espiritual, para construir un nuevo amanecer” (CORV/AGECO, 2020).
Por su parte, Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo del Ecuador, manifestó: “La pandemia ha desnudado la desigualdad existente en nuestros países latinoamericanos, somos una de las regiones en donde la desigualdad es de mayor profundidad. Quedan al descubierto sistemas que han privilegiado el capital frente a los derechos, pero la dignidad del ser humano debe anteponerse a cualquier sistema capitalista” (véase CORV/AGECO, 2020).
Cuatro personas mayores líderes de Chile, el Ecuador, Honduras y la República Dominicana analizaron los resultados de la consulta y dieron su opinión respecto de la situación y los grandes desafíos que enfrenta la población mayor en el futuro inmediato en América Latina y el Caribe. Este conversatorio fue organizado por la RED CORV y la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) el 28 de octubre de 2020.
La consulta fue realizada a 425 personas líderes mayores en seis ciudades de América Latina y el Caribe, y recopila las percepciones sobre la pandemia de COVID-19.
“Soy un convencido de que no podemos dar esta pelea solos, es necesario trabajar de manera intergeneracional e interdisciplinaria para, de manera prioritaria, salvar a aquellas personas que nos muestren que están viviendo una situación de salud mental compleja”, apuntó Antonio Pozo Pinto, presidente de la Corporación del Ciego Adulto Mayor “Baldomero Lillo” de Chile.
Emma Ortega Mendoza, Jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, fundadora de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas e integrante del Comité Internacional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, destacó la necesidad de contar “con mejores y mayores presupuestos para fortalecer los servicios públicos, en especial, para las personas adultas mayores. La pandemia evidencia una gran cantidad de inequidades en el acceso a los derechos como la vivienda, la alimentación, la educación, cuidados básicos, prestación de salud y medicamentos”.
“Es responsabilidad nuestra transformar nuestra nación y es responsabilidad de la comunidad mundial la solidaridad para la población en general y, muy especialmente, para los grupos vulnerables. Estamos avanzando en la pandemia con más pobres de los que teníamos, con un mayor endeudamiento externo y está aumentando el desempleo. Lo único que se está enriqueciendo es la corrupción”, comentó Gustavo Villela Reyes, Presidente de la Red Nacional del Adulto Mayor de Honduras (RENAMH).
“La impotencia es lo que nos hace sufrir porque vemos padecer a otros que, en otro momento, hubiéramos podido llegar hasta ellos. Hemos sufrido pérdidas de personas que ahora nos están haciendo mucha falta”, dijo Amelia Cordero Casado, miembro del equipo de dirección de la Red Dominicana por una Vejez Digna (Red Vejez).
La consulta denominada “Percepciones sobre la pandemia del COVID-19 de personas líderes adultas mayores” pone al descubierto el descuido que durante muchos años ha padecido la población mayor de América Latina y el Caribe y que actualmente se profundiza por la crisis sanitaria y económica (véase AGECO, 2020).
En la consulta participaron personas mayores de la Argentina (Neuquén), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), Costa Rica (San José), Honduras (Tegucigalpa) y la República Dominicana (Santo Domingo) (véase Balcázar, 2020).
El estudio fue promovido por distintas ONG que forman parte de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (CORV), y los resultados fueron presentados en un conversatorio virtual internacional realizado el 28 de octubre de 2020.
Se consideró fundamental conocer la opinión de personas líderes mayores de 60 años sobre la pandemia, en particular, su percepción sobre las disposiciones de los gobiernos, las medidas sanitarias, de quiénes han recibido apoyo en esta crisis y su situación personal (afectación, estado de ánimo, consecuencias del aislamiento, discriminación y derechos humanos).
Las personas mayores son las que mejor han acatado las medidas sanitarias y las disposiciones de confinamiento. Sin embargo, las normas han sido muy generalizadas y restrictivas. No toman en cuenta que dentro de la población mayor hay diferencias significativas en el estado de salud, físico y mental, la movilidad, el apoyo familiar y social, y demás (véase Balcázar, 2020).
En lo que respecta a la situación personal, las personas mayores consultadas señalaron que no se las toma en cuenta en el espacio familiar y social, que su situación económica se ha visto afectada y que han perdido contacto social producto del confinamiento en el espacio doméstico. También manifestaron sentirse afectadas en su salud física, mental, emocional y espiritual debido a la tensión, la incertidumbre y el aislamiento (véase Balcázar, 2020).
“La pandemia ha hecho visible la discriminación por edad, ha comprometido la autonomía de las personas mayores y ha menospreciado sus contribuciones y necesidades sociales porque automáticamente la edad avanzada se equipara con vulnerabilidad, dependencia y contribución limitada”, señaló Lucio Díaz Dumenez, coordinador de la RED CORV.
Las principales conclusiones de la consulta “Percepciones sobre la pandemia del COVID-19 de personas líderes adultas mayores” son:
Desde 1998, la RED CORV impulsa la defensa de los derechos de las personas de edad y monitorea el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de envejecimiento y fortalecimiento de redes nacionales de personas mayores e instituciones de la sociedad civil. Son 15 los países que tienen representación en la red: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Martín y Uruguay (véase CORV, 2020b).
