La importancia del acceso a la información, la participación y la justicia en temas ambientales quedó confirmada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). En el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible “El futuro que queremos”, aprobado por la Asamblea General el 27 de julio de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel reconocieron, entre las varias disposiciones referidas al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre.
En el marco de dicha Conferencia, se firmó la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A la fecha, son signatarios: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Por su parte, la CEPAL incorporó en su programa de trabajo temas relativos al Principio 10 de la Declaración de Río, y otorgó a la secretaría y al programa de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos el mandato de realizar actividades específicas orientadas a brindar apoyo a los países para implementar la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en particular, sobre el acceso a la información y la participación en asuntos ambientales.
En la Primera Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios, se aprobó una hoja de ruta orientada a iniciar un proceso de fortalecimiento del diálogo y la cooperación regional y contar con un instrumento regional en materia de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales. Los países reiteraron asimismo que el proceso está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe. Convinieron en que para implementar la hoja de ruta, se estableciera un plan de acción que presentara la mesa elegida por los países signatarios y que contara con el apoyo de la CEPAL como secretaría técnica, además del eventual asesoramiento de expertos reconocidos en la materia.
