El documento "Recursos naturales en UNASUR: Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional" fue presentado por Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, durante la Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la Región, que se celebró hasta el 30 de mayo en Caracas, Venezuela.
Esta nueva publicación de la División fue recibida con gran aceptación entre los asistentes al evento. Una de las conclusiones más importantes señala que "Los países de América Latina y el Caribe deben revisar y fortalecer la institucionalidad y los instrumentos que permitan maximizar la contribución de los recursos naturales al desarrollo regional, especialmente en el actual ciclo de precios altos".
En el documento se analiza el tema de la gobernanza de los recursos naturales en la región, entendiendo por ella el conjunto de políticas soberanas de los países sobre la propiedad de los recursos naturales y su apropiación, así como la distribución de las ganancias de productividad derivadas de su explotación.
América Latina y el Caribe posee el 65% de las reservas mundiales de litio, 42% de plata, 38% de cobre, 33% de estaño, 21% de hierro, 18% de bauxita y 14% de níquel. También son importantes sus reservas petroleras: tiene un tercio de la producción mundial de bioetanol, cerca de 25% de biocombustibles y 13% de petróleo.
En la región se encuentra alrededor del 30% del total de los recursos hídricos renovables del mundo, lo que corresponde a más de 70% del agua del continente americano, y 21% de la superficie de bosques naturales del planeta y abundante biodiversidad.
Sin embargo mantiene aún importantes debilidades, como una estructura productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas (sustentada solo en recursos naturales) más que en ventajas competitivas dinámicas, una baja inversión en infraestructura, exploración y valor agregado y rezagos en innovación, ciencia y tecnología.
"Históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Los países enfrentan hoy el reto de captar e invertir eficientemente las rentas extraordinarias del ciclo de precios actual con criterios de sustentabilidad social y ambiental", indicó Antonio Prado en su presentación.
Por otra parte, se precisan los diferentes instrumentos jurídicos y económicos de que disponen los estados latinoamericanos y caribeños para apropiarse y distribuir las rentas derivadas de la explotación de los recursos naturales relacionados con la minería, los recursos hídricos y los hidrocarburos. En el caso de la minería, cuatro países de UNASUR (Argentina, Brasil, Chile y Perú) concentran 62% del destino de la inversión regional en exploración y si se agrega México el porcentaje sube a 84%, según datos de 2010. En 2011, Brasil, Chile y Perú se situaron entre los diez principales países de destino de la inversión minera, con 36% del total mundial, mientras que en 2000 solo abarcaban 26% de esta.
Consecuentemente, entre los años 2000 y 2010 la exploración petrolera en la región no siguió el ritmo alcista de los precios, alejándose de la tendencia mundial. A pesar de esto, la renta estimada del sector hidrocarburos durante el período de auge 2004-2009 (7,1% del PIB), duplicó el promedio anotado entre 1990-2003 (3,6% del PIB).
Es importante destacar que UNASUR presenta una estructura de la oferta de energía primaria más limpia que el promedio mundial (31% frente a 12%), al combinar fuentes energéticas como la hidroelectricidad, biomasa y otras renovables. Por ejemplo, en 2011 la hidroelectricidad en los países de este bloque representó 11% de la oferta total de energía primaria, cifra muy superior si se compara con el 2% que ocupa este sector en el mundo.
La región enfrenta, según el organismo, el desafío de generar un consumo energético integrador y homogéneo con el fin de acortar las brechas subregionales que aún persisten, como la heterogeneidad de recursos naturales, estructuras de abastecimiento y consumo de energía, y la necesidad de lograr la consolidación institucional y el establecimiento de condiciones de base para impulsar políticas de promoción y penetración de las fuentes renovables.
Finalmente, junto con desarrollar mecanismos que aseguren una inversión eficiente de las rentas extraordinarias de recursos naturales en esta época de precios altos, las políticas públicas de los países de la región deben centrar su atención en el mejoramiento de la gestión de los conflictos socioambientales que surgen en el desarrollo de los sectores de explotación de estos recursos, con una visión de largo plazo.
