El acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe: síntesis de decisiones de órganos garantes y jurisprudencia seleccionada

El acceso a la información pública sobre cuestiones ambientales es necesario para la construcción de un futuro social y ambientalmente sostenible. Es un “prerrequisito para lograr el desarrollo sostenible en su totalidad” y una de las bases de la democracia ambiental junto a la participación en procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia.

En el marco de las Naciones Unidas, se ha reconocido la intrínseca relación entre el acceso a la información y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye metas específicas asociadas al acceso a la información que son especialmente importantes para la construcción de una sociedad sostenible. La meta 16.6 busca “crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. La meta 16.10 procura “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

En el informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en 2023 la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan, desarrolla extensamente la relación entre el acceso a la información (y más ampliamente la libertad de expresión) y el desarrollo sostenible. A su juicio, el acceso a la información es una herramienta esencial para combatir la deforestación, la minería ilegal y otras actividades que degeneran los recursos naturales y son un obstáculo para el desarrollo sostenible.

A nivel regional, la reciente entrada en vigencia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ofrece una oportunidad sin precedentes para reflexionar sobre el derecho de acceso a la información pública en asuntos ambientales.

Este documento resume los estándares normativos vigentes en la región y analiza su aplicación a través de una selección de sentencias de órganos judiciales y decisiones de órganos garantes de acceso a la información ambiental .