La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través del Programa EUROCLIMA, se encuentra implementando la iniciativa “Precio social del Carbono en la evaluación de la inversión pública en América Latina y el Caribe”, proyecto que apoya a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de la región.
En 2023, la iniciativa regional amplía el ámbito de apoyo a los Sistemas Nacionales de Inversión Pública incluyendo ahora el fortalecimiento de las capacidades técnicas, mediante instancias de capacitación de los tomadores de decisión en los SNIPs, la elaboración de guías de uso y herramientas que buscan contribuir a que los países incorporen el precio social del carbono en los criterios de evaluación de los proyectos de inversión pública e incentivar el uso de opciones de inversión más sostenibles y de menor huella de carbono. La iniciativa, implementada por CEPAL en el marco del Programa EUROCLIMA, tambien incluye a partir de 2023 el intercambio de experiencias entre países, motivando con ello la cooperación sur-sur en materia de cambio climático.
La iniciativa “Precio social del carbono” se ha implementado desde 2018 y ha permitido estudiar y documentar cómo integrar el precio social del carbono en la evaluación de la inversión pública, también simular y evaluar el impacto potencial de la aplicación del precio social del carbono en sectores como la infraestructura vial, energía, transporte, entre otros.
Durante el 2022 esta iniciativa regional prestó Asistencia Técnica a los SNIPs de Chile, Costa Rica, Nicaragua, Perú y República Dominicana para la estimación y/o actualización del precio social del carbono. A estos cinco países se ha sumado en 2023 el SNIP de Honduras. La iniciativa está a disposición de todos los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe. Los interesados pueden contactar a Jimy Ferrer (jimy.ferrer@cepal.org), Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL.
“El uso de instrumentos económicos como el precio social del carbono puede contribuir a que las inversiones públicas se orienten a opciones de menores emisiones y, con ello, que en el proceso de evaluación se eliminen aquellas que son aparentemente más baratas, pero más contaminantes”, explican desde CEPAL.
