Uruguay presenta un relativo retraso en la inclusión de las consideraciones ambientales dentro de los instrumentos de política, según plantea el estudio Impuestos verdes: Viabilidad y posibles impactos en el Uruguay preparado por la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Montevideo. No obstante, se observa en el país la aplicación de instrumentos o mecanismos que, sin explicitar criterios ambientales, tienen consecuencias directas sobre el ambiente, como es el caso de la tributación sobre los combustibles fósiles, indica el texto.
El informe hace una revisión de la literatura ambiental internacional sobre este tema y analiza los principales problemas ambientales de Uruguay a la luz de esta evidencia. Adicionalmente, se examinan la legislación y la estructura impositiva vigente y se analizan las actividades económicas posibles de ser gravadas con impuestos ambientales.
En los últimos años Uruguay ha atravesado por una fase de franco crecimiento económico, que ha ido acompañada de distintos avances en materia ambiental pero también del surgimiento de problemas en esta área estrechamente ligados con el ciclo expansivo. De esta forma, sostiene el texto, se observa que la dimensión ambiental no ha logrado ser incorporada cabalmente en la toma de decisiones tanto a nivel público como de los consumidores y empresarios.
En Uruguay, al igual que en el resto del mundo, la tributación vinculada al ambiente se centra fundamentalmente en el sector energético. Según el informe, en el país existe una base imponible relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero, potencialmente muy grande y estable, que permitiría la aplicación de reformas fiscales de esta naturaleza.
De acuerdo con el estudio, es necesario tener en cuenta al menos dos elementos a la hora de pensar en el diseño y aplicación de tributos ambientales.
En primer lugar, los problemas ecológicos no pueden ser abordados aisladamente. Se debe adoptar una aproximación multidimensional para diseñar y evaluar las políticas ambientales y formular los instrumentos que contribuyan a su implementación. De igual forma, el resto de las políticas públicas del país también deben considerar los potenciales impactos sobre el ambiente.
En segundo lugar, de cara al desafío que implica integrar impuestos al set de herramientas ambientales, se debe tener presente el rol que juegan las ideas de los distintos agentes sociales sobre la viabilidad, justicia y eficacia de las políticas fiscales. “Es de especial importancia que los hacedores de política tengan presente este aspecto a la hora de incluir en el menú de herramientas de la política ambiental los instrumentos económicos tributarios, de manera de incidir favorablemente en el desempeño ambiental sin causar efectos colaterales indeseados”, explica el texto.
Entre los principales problemas que presenta Uruguay en términos ambientales figuran la emisión de gases de efecto invernadero por parte de la ganadería, la erosión y degradación del suelo y pérdida de biodiversidad asociada a la agricultura y el insuficiente tratamiento de los residuos de consumo industrial y de los hogares. Adicionalmente, el sistema de transporte es casi exclusivamente dependiente de combustibles fósiles y el parque automotor ha crecido de manera desmesurada en los últimos años.
Según el documento, para aumentar la incidencia de los impuestos verdes en Uruguay es vital tomar en cuenta los efectos redistributivos sobre la competitividad, así como la institucionalidad asociada. Finalmente, el informe explora la posibilidad de aplicar impuestos sobre los agroquímicos, envases y bolsas plásticas.
