Construir plantas eléctricas regionales es indispensable para la integración energética de Centroamérica

La reciente puesta en operación comercial de la línea del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) hace impostergable la tarea de promoción de proyectos de generación para exportar parcial o totalmente energía a través de la infraestructura de transmisión existente (tanto nacional como regional). Sin embargo, la puesta en marcha de la línea del SIEPAC es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de proyectos de generación regionales.

Este es uno de los principales temas examinados en el documento Análisis del mercado eléctrico regional de Centroamérica y acciones para impulsar proyectos de generación regional publicado por la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informe plantea que la existencia de plantas eléctricas regionales es un requisito indispensable para la consolidación de la integración eléctrica regional, en la medida que permitirá el aumento de las transacciones entre los países, de una manera firme y en mayores volúmenes, asegurando así el uso de la infraestructura de transmisión regional y nacional y el aumento de los beneficios del proyecto SIEPAC.

El desarrollo de plantas de generación eléctrica de carácter regional es uno de los elementos sobre los cuales descansa el proyecto de integración eléctrica regional. El artículo 9 del Tratado Marco insta a los gobiernos a establecer las condiciones propicias para el desarrollo de estas centrales. Uno de los objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es justamente promover el desarrollo gradual de un mercado eléctrico regional competitivo, mediante líneas de transmisión regional y la promoción de la generación regional.

Tanto las legislaciones como las regulaciones de los países signatarios del Tratado Marco están orientadas, directa o indirectamente, a satisfacer de manera prioritaria las necesidades nacionales, lo cual parece una posición natural y legítima de los órganos legislativos de cada país. No obstante, se trata de una concepción que el nacimiento del Mercado Eléctrico Regional (MER) obliga a revisar.

Aunque en todas las legislaciones está permitida de manera explícita la actividad de exportación y/o importación de energía, las regulaciones nacionales suponen que dichas actividades se realizan de manera temporal para complementar la oferta nacional ante una situación de escasez o aprovechamiento de mejores precios de la energía importada, según sea el caso. En ningún momento se pensó que los intercambios de energía podrían ser una forma de abastecimiento confiable a largo plazo.

El Tratado Marco y sus protocolos, así como el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER), constituyen los instrumentos legales que cuentan con el consenso y la aprobación de los seis Estados signatarios y de sus instituciones. Sobre esa base, el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional (CDMER) debe solicitar a los Estados su colaboración y esfuerzos para la conformación del Séptimo Mercado (M7).

El M7 debe ser concebido como la sumatoria de las porciones de los mercados nacionales "cedidas" para transacciones de energía firme, de acuerdo con un programa que cuente con una gradualidad razonable, más las transacciones de oportunidad, cuya única limitante sea su viabilidad técnica y económica. El M7 deberá ser visto, por tanto, desde la oferta (generación) como desde la demanda (consumo).

Uno de los aspectos más relevantes para la promoción de los proyectos regionales de generación de electricidad, y para el desarrollo del Mercado Eléctrico Regional, es la necesidad de que la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) propicie, en coordinación con los reguladores nacionales, compras de distribuidores a varios países de forma conjunta en actos públicos internacionales. De esta manera, se fomentará un crecimiento sostenido del M7.