Alrededor de 50 millones de niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas de América Latina y el Caribe subsisten en condiciones de pobreza, sin poder acceder a las ventajas que ofrecen las ciudades en términos de acceso a servicios y calidad de vida, según un boletín conjunto CEPAL-UNICEF dado a conocer hoy.
La publicación Boletín Desafíos N° 16 es elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y registra el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos a la infancia y adolescencia en la región.
Según el estudio, si bien la pobreza infantil extrema es cuatro veces más alta en zonas rurales y la pobreza casi dos veces y media mayor, las condiciones de vida de la población urbana distan de ser equitativas. De los 155 millones de niños, niñas y adolescentes urbanos que hay en la región, muchos viven en barrios precarios sin poder satisfacer sus necesidades básicas de infraestructura y acceso a servicios.
De acuerdo con el informe, casi tres de cada diez niños de la región viven en condiciones de precariedad alta (29,0%), es decir, con déficit habitacional, en un hogar con bajo nivel educativo y pobreza monetaria. Esta cifra es similar al total de los que viven en áreas rurales, alcanzando casi los 45 millones. El estudio realiza comparaciones de algunos indicadores de bienestar infantil entre esta realidad y la situación de la infancia en hogares sin precariedad, en donde los factores mencionados no están presentes.
Según los autores -Diego Born, de la Universidad de Buenos Aires, Victoria Colamarco y Enrique Delamonica, expertos de la Oficina Regional del UNICEF para América Latina y el Caribe, y Alberto Minujin, investigador de Equidad para la Infancia de la New School University- las autoridades locales tienen un gran papel en la reducción de los altos niveles de precariedad, incluyendo medidas como la regulación y provisión de sistemas de agua y saneamiento, subsidios para la vivienda, préstamos a bajo costo para su mejora y planes habitacionales.
También pueden restringir el tránsito vehicular en áreas residenciales, mejorar la distribución de centros de atención de salud, y regular y controlar basurales y edificaciones, entre otras acciones de fácil implementación.
Si bien los niños, niñas y adolescentes urbanos enfrentan muchos problemas, no deben ser considerados solo como víctimas, pues tienen fuerza y recursos emocionales e intelectuales que deben rescatarse. Por ello, es deber de los gobiernos municipales proveerles refugio, actividades de recreación, rehabilitación psicosocial, posibilidades de retorno a la escuela y reunión familiar, enfatiza el informe.
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