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“Los tiempos del COVID-19 son tiempos de decisiones. Ambas regiones -Europa y América Latina y el Caribe- deben adoptar medidas urgentes para superar la actual crisis sanitaria y económica y construir un nuevo camino de desarrollo en el marco de una asociación renovada”, dijo hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante una reunión de alto nivel entre ministros de Relaciones Exteriores de ambas regiones organizada por el Gobierno de Alemania.
Bárcena subrayó en su intervención la importancia de los países de renta media y del debate sobre el desarrollo en transición, concepto elaborado junto a contrapartes europeas que pone de relieve que el PIB per cápita no puede ser el criterio para definir la graduación de los países de ingresos medios, y que para incluir a todos los países en un marco de cooperación moderno es necesario considerar las brechas de desarrollo con un enfoque multidimensional.
La responsable de la CEPAL señaló que América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más afectada por el COVID-19, con casi 500.000 personas fallecidas. “Pese a los significativos esfuerzos fiscales realizados por los países de la región para responder a la crisis, los recursos serán insuficientes para cubrir las crecientes necesidades de la emergencia y el camino hacia un futuro sostenible”, dijo Bárcena durante el encuentro virtual, considerando que la pandemia ha magnificado las brechas estructurales de la región, apuntó.
Por ello, la CEPAL ha propuesto vincular el corto plazo con una recuperación transformadora articulada en torno a 5 pilares. Estos son poner fin a la pobreza para 2030 y avanzar firmemente hacia la igualdad y la protección social universal; forjar una competitividad auténtica mediante el avance de las capacidades tecnológicas; invertir en la sostenibilidad ambiental; alcanzar una protección social universal y construir un sistema de bienestar; y atraer inversión hacia actividades estratégicas y sostenibles con políticas industriales, sociales y ambientales complementarias.
“En este esfuerzo de recuperación transformadora, intensificar la asociación con Europa podría ser un punto de inflexión”, subrayó Bárcena.
La Unión Europea es el tercer mayor socio comercial de América Latina y el Caribe, después de Estados Unidos y China, y, en los últimos cinco años, las empresas europeas han sido los mayores inversores de la región, representando el 52% de las entradas de inversión extranjera directa (IED), con un valor promedio de unos 87.000 millones de dólares al año. Europa ha sido el principal inversor en las industrias automotriz (26% de participación) y farmacéutica (40%). Solo en 2019 representó el 55% de la IED en la región, informó la máxima representante de la CEPAL.
“Creemos que existen oportunidades concretas para que las inversiones conjuntas con Europa avancen rápidamente hacia una recuperación verde, digital, sostenible e inclusiva”, aseguró Bárcena, y destacó dos grandes sectores: la energía y la digitalización.
Se prevé, dijo, que la demanda de energía en América Latina y el Caribe aumentará en 852.000 millones de dólares hacia 2030, pero los costos totales de las inversiones necesarias para satisfacer las necesidades energéticas pueden reducirse invirtiendo más en fuentes renovables no convencionales. “En la CEPAL hemos estimado que la inversión en energías renovables costaría 1,3% del PIB, conduciría a una disminución de más de 30% en las emisiones totales de CO2 y crearía casi siete millones de puestos de trabajo en una década”, aseguró.
“La Unión Europea ya es el principal inversionista en energías renovables en América Latina y el Caribe. En los últimos cinco años, el 70% de todos los proyectos anunciados por la Unión Europea han estado dirigidos a las energías renovables. En 2020, esta fue una de las pocas industrias que no decayó, y representó el 28% del total de los anuncios de inversión”, resaltó Bárcena.
Respecto a la digitalización, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL mencionó las brechas aún existentes en la región. “Un tercio de la población de América Latina y el Caribe tiene un acceso limitado o ningún acceso a la conexión a Internet (40 millones de hogares), principalmente porque sus ingresos no les permiten pagar las tarifas de conexión y adquirir equipos informáticos, como teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles”, dijo.
En ese contexto, la región ha establecido cuatro prioridades claras: asegurar la universalización del acceso a Internet, lo que incluye dispositivos y tarifas de conexión bajas; desarrollar la infraestructura digital para permitir el acceso al despliegue de 5G, una tecnología que permitiría nuevas formas de producción (Internet de las cosas) y de consumo (vehículos autónomos); digitalizar completamente nuestro sistema de producción; y seguridad y firme protección de privacidad de datos.
La CEPAL, en particular, propone el suministro de una canasta digital básica mediante asociaciones público-privadas con un costo anual de 1% del PIB, con importantes diferencias entre países (menos del 0,3% en Chile y 4% en Bolivia). Por otra parte, la Comisión estima que alcanzar una cobertura nacional de 5G implicaría una inversión de 120.000 millones de dólares en un período de siete años.
“Creemos que las inversiones europeas son estratégicas en un mundo que se reorganiza económicamente en tres grandes hubs. Europa, que es uno de ellos, ha sido y debe seguir siendo una fuente de nuevo capital para impulsar industrias en sectores de desarrollo sostenible, promover capacidades y mejorar los niveles tecnológicos”, resumió Bárcena, quien destacó el hecho de que ambas regiones “comparten un firme compromiso multilateral para lograr un sistema de comercio abierto, no discriminatorio y centrado en el desarrollo”.
Ambas regiones, añadió, podrían unir fuerzas para que en junio de 2021 se acuerde una necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio, con el desarrollo sostenible en el centro.
Bárcena indicó que la asociación birregional debería incluir financiamiento para el desarrollo en tiempos de COVID-19, en particular para las pequeñas economías de ingresos medios que han alcanzado umbrales insostenibles de deuda y servicio de la deuda. “Este es el caso de Centroamérica y de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe”, dijo.
La Secretaria Ejecutiva resaltó la importancia del apoyo de Europa al alivio de la deuda del Caribe, de la emisión de derechos especiales de giro y la reasignación de los existentes. También destacó el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), iniciativa propuesta por el Gobierno de Costa Rica para reorientar la liquidez de las economías desarrolladas independientemente de su nivel de ingreso, así como la necesidad de abogar ante el G-20 por la extensión de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) hacia pequeños estados insulares.
En síntesis, apuntó la alta funcionaria, se trata de explorar mecanismos de financiamiento adicional mediante la ampliación de plazos de crédito existentes y apoyar a los países de renta media para acceder a financiamiento para la recuperación económica.
“El COVID-19 y esta oportuna reunión ministerial constituyen una oportunidad única que no podemos permitirnos perder para sentar las bases de una hoja de ruta conjunta. Estoy segura de que hoy iniciaremos una nueva dinámica de compromiso birregional. Cuenten con el pleno apoyo de la CEPAL”, concluyó.
