La Reunión de Expertos sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores fue organizada por el Gobierno de Costa Rica a través del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, y la Sede Subregional de la CEPAL en México. Fue la primera actividad que aborda de manera específica la interrelación entre el envejecimiento y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
Congregó a más de 200 personas durante los tres días de la actividad y contó con la participación de representantes de la Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, el Paraguay, Republica Dominicana y el Uruguay.
Estuvo presente, además de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nueva York (ACNUDH), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Experta Independiente para el disfrute de los derechos humanos de las personas de edad, la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, y el Presidente del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de las Naciones Unidas.
El objetivo del encuentro fue impulsar el intercambio de experiencias entre los países de la región en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin de fortalecer las capacidades nacionales entre los participantes.
La inauguración estuvo a cargo de Luis Yáñez, oficial a cargo de la Oficina del Secretario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Marvin Rodríguez Cordero, segundo Vicepresidente de Costa Rica, y Teresita Aguilar Mirambell, presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).
El Secretario Adjunto de la CEPAL, recordó que el mundo verá incrementado el número de personas mayores en un 64% entre 2015 y 2030, y que América Latina y el Caribe pasará de 70 millones de personas mayores en 2015 a 119 millones para 2030. Como consecuencia de ello, los asuntos del envejecimiento y de las personas mayores deben ser parte de las materias que se analizan en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, mecanismo regional de seguimiento de la Agenda 2030. A continuación, añadió que es necesario el establecimiento de un marco de trabajo colaborativo para incorporar a las personas mayores en la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región, que les facilite incidir en las decisiones tomadas por los gobiernos.
Luis Yáñez, recordó que la Agenda 2030 permite establecer mecanismos regionales que brindan a los diferentes actores la base para dar inicio a las transformaciones urgentes y sobre todo muestran el compromiso político de los Estados con respecto a dicho acuerdo. En diferentes instancias, América Latina y el Caribe ha mostrado su interés para llevar a cabo políticas que implementen los ODS, adaptándolos a sus circunstancias nacionales. Asimismo, los informes nacionales voluntarios presentados en el Foro Político de Alto nivel sobre Desarrollo Sostenible dejan de manifiesto la heterogeneidad, el compromiso y el propio modo que tienen los países de América Latina y el Caribe para enfrentar sus problemas estructurales.
La Reunión permitió a los participantes comprender la importancia de incorporar los instrumentos regionales de derechos humanos en la implementación de la Agenda 2030 para ampliar el ejercicio de los derechos de todas las personas.
La Agenda 2030 tiene implicaciones para el discurso y la práctica, estableciendo medidas de políticas que sirven para avanzar en la protección y vigilancia de los derechos humanos. Los expertos manifestaron que los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan a las personas mayores de manera explícita y transversal, y en su implementación y seguimiento los distintos actores internacionales, los Estados, organismos internacionales y sociedad civil tienen un rol activo que desempeñar para traducir dicha incorporación al ámbito nacional y local.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 2015; la Declaración de Asunción. Construyendo sociedades inclusivas: Envejecer con dignidad y derechos de 2017, y la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe de 2012, fueron los instrumentos regionales en los cuales los expertos basaron sus exposiciones, demostrando la importancia de estos para incorporar transversalmente a las personas mayores en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Destacaron la variedad de actores involucrados en este proceso, el principio de igualdad y no discriminación para no dejar a nadie a atrás y el de universalidad de la Agenda 2030 como elementos fundamentales para los derechos humanos de las personas mayores.
Rosa Kornfeld-Matte, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas de edad, hizo hincapié en que es necesario que los Estados se adhieran a los instrumentos regionales de derechos humanos vigentes, y llamó a los Estados, sociedad civil y organismos internacionales e intergubernamentales a sumar esfuerzos para avanzar en la creación de un instrumento internacional de derechos humanos de orden vinculante que permitan garantizar el respeto de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas mayores en el mundo.
América Latina y el Caribe cuenta en la actualidad con un marco de cooperación que permite comparar estadísticamente las capacidades nacionales con respecto a la implementación de los indicadores que brinda la Agenda 2030.
Miguel del Castillo, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México, destacó la necesidad de comprender el contexto en el que la región envejece. Junto con el aumento de las personas mayores en las próximas décadas, resaltó que hay tareas pendientes relacionadas con la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación de calidad, la generación de empleos dignos y productivos para todos y la disminución de la concentración de la riqueza para cambiar la situación de todos los grupos en condición de vulnerabilidad. Agregó que los indicadores sociales de la región son diametralmente diferentes a los observados en otras partes del mundo y demuestran la necesidad de trabajar ahora por un crecimiento económico inclusivo y construcción de espacios amigables y sostenibles, donde la reducción de las desigualdades sean un asunto inclaudicable para la región.
La Reunión permitió por parte de los países establecer algunos compromisos en relación con el seguimiento de la incorporación de las personas mayores en la implementación de la Agenda 2030.
La disposición manifestada por los gobiernos para conformar un grupo de trabajo Ad Hoc sobre envejecimiento en la región que cuente con el apoyo de la CEPAL, fue uno de los grandes logros, ya que permitiría reforzar las acciones llevadas a cabo entre Conferencias Regionales Intergubernamentales sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores, que se realiza cada cinco años.
Asimismo, se acordó promover eventos con la participación de expertos gubernamentales de la región para impactar en las políticas nacionales de desarrollo sostenible. En tal sentido se reforzará su participación en la tercera reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible (Santiago de Chile, 22 al 26 de abril de 2019) por medio de la organización un evento paralelo organizado por Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay y la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México con el fin de dar continuidad a los trabajos iniciados en la Reunión de Expertos de Costa Rica 2018.
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Durante la Reunión de Expertos se realizaron seis paneles específicos sobre la relación entre la situación de las personas mayores y la Agenda 2030. Parte de las reflexiones de los expertos se enumeran a continuación: Universalidad de la Protección Social: El acceso universal a la protección no es un privilegio sino un derecho, y los países de América Latina y el Caribe tienen por delante grandes desafíos para dar cobertura universal a todos sin excepción. Se destacó que las brechas de acceso en la región disminuyeron significativamente en los últimos años, sin embargo, las desigualdades continúan. Las brechas entre las personas de áreas rurales y las personas en condiciones de pobreza se redujeron por el avance en las pensiones no contributivas, pero queda mucho por hacer en relación las desigualdades que afectan a las mujeres mayores. Para alcanzar la universalidad de la protección social se debe tener en cuenta que existen tres factores que deben estar en equilibrio: la cobertura que se busca debe ser la mayor posible, la calidad de las prestaciones (montos elevados), y la sostenibilidad financiera. Cobertura Universal de Salud: tanto Cuba como Costa Rica ilustraron a los participantes en cuanto a cómo lograr la cobertura universal y accesibilidad de las personas mayores a los servicios de salud. Para el caso cubano, la cobertura sanitaria universal se basa en la atención primaria de salud, lo que implica que todas las personas y comunidades tienen acceso equitativo a los servicios de salud integrales y que sean garantizados a lo largo de su vida. Costa Rica, por otro lado, informó cómo el sistema costarricense de salud se encuentra en transición hacia servicios integrados para las personas mayores. En ambos países se destacó el rol que deben cumplir los servicios de salud en el mantenimiento de la capacidad funcional durante toda la vida. Reconocimiento y valoración de los cuidados: la preocupación principal en este tema es como construir los cuidados de largo plazo como problema público. Para hacerlo se identificaron tres elementos clave: el respeto de la autonomía de las mujeres, el derecho de la persona que es cuidada; y la calidad y pertinencia de los cuidados. Se valoró el aporte que hace el artículo 12 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la comprensión amplia de los cuidados de largo plazo y en cómo amplía las obligaciones de los Estados en su ejerccio sin disciminación de ningun tipo. Inclusión social, económica y política: se diagnsticoó que existe una falta de inclusión de las personas mayores tanto en los análisis internacionales, como en declaraciones y decisiones que son tomadas en distintas instancias, lo que representa un desafío para los actores regionales que buscan incluir el tema en la agenda internacional y nacional. La accesibilidad universal (que implica inclusión tecnológica, ajustes razonables y capacidad jurídica plena) es parte de la promoción de la cultura del apoyo que debe brindarse a lo largo de la vida para que las personas mayores puedan ejercer su voluntad y preferencias. Con respecto a la carencia de inclusión también se planteó la posibilidad de repensar los derechos humanos como una herramienta política, que movilice la toma de conciencia, la comprensión y el entendimiento sobre la situación de desventaja que viven las personas mayores. Accesibilidad universal y situaciones de desastres: Las personas mayores son junto a los niños los más afectados cuando existen situaciones de desastre. Se destacó que es necesario comprender tres aspectos fundamentales del impacto de un desastre natural: la capacidad funcional de las personas mayores, la severidad del evento, y el sistema de gestión de desastre con el que se cuenta. Los estudios presentados reflejaron que gran parte de las muertes en desastres naturales son de la población adulta mayor, sobre todo aquellas post evento. Se hizo un llamado a los Estados a reforzar los entornos inclusivos para las personas mayores, docilidad ambiental, congruencia del individuo y su ambiente, y la transitividad de los espacios. Datos y Estadísticas: el panel mostró la necesidad de incorporar la información estadística coherente e integrada para que refleje las necesidades de las personas mayores como sujetos de derechos, teniendo en cuenta que la información y su análisis se hace en base ideas o creencias, generalmente preconcebidas. La información que brindan los datos estadísticos facilita adoptar decisiones adecuadas de política pública y aporta a la rendición de cuentas, pero sobre todo permite dar seguimiento entre otras cosas a los ODS y a cómo estos son incorporados en los planes nacionales. Entre las experiencias destacadas se ubica Cuba, donde se realizó la encuesta nacional longitudinal sobre el envejecimiento de la población en cuatro regiones del país, en la cual se distingue sexo, zona urbana/rural, y grupos de edad (50-59/60-74/75 y más), siendo uno de los países que más avances ha tenido en la incorporación de la edad en el seguimiento de los ODS. |
