Columna de opinión
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), planteó hoy la urgencia de implementar políticas fiscales activas con enfoque de género en el corto plazo para mitigar los efectos desproporcionados de la pandemia del COVID-19 sobre las mujeres, así como de construir un pacto político a todo nivel basado en los principios feministas de redistribución del poder, el tiempo, el trabajo y los recursos, para avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro.
Bárcena participó en el seminario web “Gendering the Post-Pandemic Global Economic Recovery: A Paradigm Change”, organizado por el Women Lead program (SWL) de la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, junto con Nancy Folbre, profesora y economista feminista, y Anita Bhatia, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres, con la moderación de Chiedo Nwankwor, Directora del SWL.
La desigualdad de género ha sido exacerbada por la pandemia en América Latina y el Caribe, ya que las mujeres de la región se han visto más afectadas por el aumento del desempleo, de la pobreza y por la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, remarcó Bárcena durante su intervención.
La CEPAL prevé que 231 millones de personas caerán en la pobreza en 2020 en América Latina, de los cuales 118 millones serán mujeres. Además, 21 millones de mujeres estarán desempleadas y una de cada dos trabajarán en el sector informal, es decir, sin protección social, señaló la alta funcionaria.
En América Latina y el Caribe, las mujeres alcanzan en promedio mayor cantidad de años de estudio que los hombres (10,3 versus 9,8 en la población entre 15 y 24 años), sin embargo, su participación laboral es de solo 51,3% frente al 74% de los hombres, apuntó la Secretaria Ejecutiva.
Se requiere, dijo Bárcena, asignación presupuestaria concreta para la protección del empleo de las mujeres, tanto en el sector formal como informal; promover su plena participación en la producción y en los beneficios de la revolución digital; cerrar la brecha de acceso al financiamiento por medio de la entrega de créditos y seguros; eliminar la violencia de género y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos; y expandir los servicios de cuidado, tanto públicos como privados, con adecuada remuneración y protección social.
Invertir en la economía del cuidado -trabajo que debe ser visto como un bien público- es clave para lograr una recuperación sostenible en el mediano y largo plazo, enfatizó Bárcena, destacando los ejemplos de Argentina y Uruguay como países con sistemas nacionales de cuidado que pueden ser profundizados y fortalecidos.
En lo inmediato, la CEPAL ha creado el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe para identificar las medidas implementadas por los países como respuesta a la crisis desatada por la pandemia, incluidas aquellas relacionadas con la igualdad de género, indicó Bárcena.
La región cuenta, además, con el Compromiso de Santiago, aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en enero de este año, que debe transformarse en la guía para implementar políticas integrales de reactivación y transformación económica, con propuestas específicas en materia macroeconómica, comercial, de economía del cuidado y en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
“Una recuperación y transformación económica con la igualdad de género en el centro debería reconocer y redistribuir el poder, el tiempo, el trabajo y los recursos. Necesitamos romper el silencio estadístico y empoderar a las mujeres en las tres dimensiones de su autonomía (económica, física y política) a través de un pacto político a nivel nacional y regional”, remarcó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a asegurar la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad al más alto nivel. “La transformación debe ser feminista, o no será”, finalizó.