Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas: impacto sobre los niños, sus familias y sus derechos

Resumen Las migraciones, fenómeno humano constitutivo de la sociedad latinoamericana, son otro severo desafío que enfrenta la región. Por un lado, muestran las contradicciones y el grado desigual de desarrollo de las sociedades que viven en el continente, desnudando las dificultades de miles de ciudadanos para lograr una vida acorde a sus expectativas en el lugar donde nacieron y crecieron. Por otro lado, implican una constelación de nuevos problemas sociales, legales y culturales, para los que buena parte de las políticas públicas tradicionales no estaba preparada: nuevos desafíos de integración social y de tolerancia cultural en un mundo crecientemente competitivo y tenso. Las migraciones significan, además, un escenario de crisis para la familia que la vive, ya sea porque el jefe o los jefes de familia parten dejando atrás a sus hijos, ya sea porque el traslado de toda la familia en búsqueda de nuevas perspectivas trae aparejada la instalación en un nuevo medio que muchas veces es desconocido, hostil, que reacciona con diversas formas de resistencia al que llega del extranjero y en el que el migrante no encuentra el mucho o poco capital social que tenía en su país de origen. Esto significa que la familia, y en particular sus miembros más débiles —las mujeres y los niños— viven usualmente con la migración una situación de alta vulnerabilidad; es decir, un aumento de los riesgos y la posibilidad de que sus derechos se vean dañados o su integridad afectada, lo que es muy grave en las migraciones no queridas o no buscadas: desplazamientos forzados en casos de conflictos armados o enfrentamientos entre grupos armados provocados por conflictos diversos o desastres naturales. En estos casos la crianza de los niños es fuertemente impactada. Ella empieza a desarrollarse en un contexto de inestabilidad económica, incertidumbre sobre el futuro familiar, pérdida de coherencia de la unidad familiar, desaparición de referentes familiares o de barriadas, dificultades escolares generadas por un acceso deficiente a la escolaridad, sobrecarga de la figura materna con el consiguiente aumento del estrés y depresión de la mujer. Asimismo, las urgencias socio-económicas llevan a la familia migrante a vincularse tempranamente a las primeras formas de sobrevivencia que encuentra en el nuevo medio, aceptando empleos informales, malsanos y de baja remuneración. En este contexto, el peligro para los niños es grande. La pérdida de cohesión, las dificultades de integración al nuevo medio, la falta de referentes, las rupturas de los vínculos entre los padres, generan situaciones de abandono, donde el riesgo social de desembocar en la renuncia a la escolaridad, la mendicidad, el delito, los trabajos nocivos o inconvenientes, son proporcionales a las dificultades para encontrar una vida familiar en el nuevo país de residencia. Por esto es que el aumento vertiginoso de los casos de trata de niños y de mujeres en la región no puede dejar de vincularse a la emigración y los desplazamientos forzados: son circunstancias que terminan generando estrategias de supervivencia desesperadas. El fenómeno social es más rápido que la respuesta institucional. Así, los desafíos anteriores demoran en encontrar adecuada respuesta de las políticas sociales públicas de los respectivos países en que ocurren. De todas maneras, en una generación de programas e intervenciones de nuevo cuño se comienza a crear las bases para enfrentar este problema social. Se trata de experiencias que buscan articular lo público y lo privado, el monitoreo estatal con el empuje de la sociedad civil, buscando estrategias innovadoras que les permitan penetrar realidades cristalizadas y de dura transformación, como lo son los aspectos más problemáticos que acarrean las migraciones o los desplazamientos poblacionales. Es en esa misma dirección que este documento se encamina, proponiendo una serie de medidas para ser aplicadas desde el área de las políticas públicas y desde las articulaciones que puede generar la cooperación internacional. Desde esa perspectiva, apuntando a la creación de sistemas de protección e instrumentos de política social adecuados a la demanda de los tiempos que corren, se propone, entre otras cosas: i) reorientar los programas tradicionales para la infancia y la familia que permitan construir nuevas redes de protección; ii) la elaboración de programas de respuesta rápida para los casos graves; iii) planes de prevención de la marginación a partir de sistemas geo-referenciados; iv) nuevas formas de difusión de los derechos de niños y niñas; v) la creación de mesas de trabajo común entre los organismos de infancia y los policiales y migratorios; vi) privilegiar en el sistema educativo el valor y alcances del sistema democrático; vii) realizar convenios en torno a sistemas de información que faciliten la documentación, radicación o registro del migrante; y viii) establecer acuerdos sobre la transferencia y uso común de recursos humanos calificados. Todos estos puntos se presentan como una base impostergable para encontrar respuestas eficaces a los efectos de la migración sobre los socialmente más débiles o vulnerables.