Presentación
El cuarto examen y evaluación a nivel mundial de la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento tendrá lugar en 2023 en el marco del 61er período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas. El proceso de examen y evaluación regional se realizará en 2022, en el marco de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe.
En 2021 se están llevando a cabo a nivel mundial los exámenes nacionales de evaluación de la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Para apoyar y facilitar este proceso en la región, la CEPAL, en su rol de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, ha elaborado una guía, en español e inglés, en la que se proporciona una metodología de elaboración y una sugerencia de estructura para el informe nacional. La guía incluye preguntas o consignas orientadoras para el debate en lo que respecta al análisis de cada una de las áreas prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Se recomienda la participación de las diferentes instituciones gubernamentales vinculadas a las políticas de las personas mayores, así como de representantes de la sociedad civil de este grupo poblacional, en la elaboración de los informes nacionales.
El objetivo de este artículo es presentar los principales temas que aborda esta guía para que todas las personas que participan en los temas de envejecimiento y derechos de las personas mayores puedan estar al tanto del proceso de examen que están llevando los países de la región y darle seguimiento.
20 años del Plan de Acción Internacional de Madrid: acuerdos y declaraciones regionales que reforzaron su propósito
El envejecimiento de la población constituye uno los de principales fenómenos demográficos mundiales debido a que tanto el incremento en la cantidad de personas mayores como la prolongación de la vida suponen nuevos retos para las sociedades e importantes desafíos en términos de políticas públicas. Tales desafíos impulsaron en 2002 el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. El cuarto examen y evaluación es una oportunidad para evaluar el progreso logrado en la región en los últimos años sobre las áreas prioritarias definidas: las personas mayores y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable. Este examen permitirá, asimismo, determinar los avances en el cumplimiento de acuerdos regionales, como la Declaración de Brasilia (2007), la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y la Declaración de Asunción: construyendo sociedades inclusivas: envejecimiento con dignidad y derechos (2017).
A 20 años de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, los países de la región se encuentran ante la tarea de evaluar tanto los avances logrados desde 2017 hasta la fecha como los desafíos pendientes. En el camino recorrido en este período se encuentran tanto los aportes del propio Plan de Acción Internacional de Madrid como de las declaraciones que reforzaron año a año su propósito:
- Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002)
- Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003)
- Declaración de Brasilia (2007)
- Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012)
- Declaración de Asunción (2017)
El Plan de Acción Internacional de Madrid plantea tres áreas prioritarias para alcanzar sus objetivos: las personas mayores y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable. Estas tres áreas prioritarias están directamente correlacionadas con las metas que plantea la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003). En dicho documento se hizo hincapié en las particularidades regionales y se profundizó en cada meta con objetivos concretos, cuyo fin común era el bienestar general y la protección integral de las personas mayores. Las declaraciones posteriores (Declaración de Brasilia, Carta de San José y Declaración de Asunción) volvieron a reforzar la importancia de lograr una cobertura de salud integral y especializada, de contar con pensiones de cobertura universal y de velar por la creación de entornos físicos y sociales propicios y favorables para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. En la década de 2020 la mirada está puesta en un envejecimiento saludable que permita celebrar el hito humano que representa la prolongación cada vez mayor de la vida.
A su vez, en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), los países reconocieron la inminente necesidad de replantear la protección social en los diferentes grupos de la población y el valor de la perspectiva de políticas de población para dar respuesta a las consecuencias de las transformaciones demográficas, así como de anticipar las respuestas a las demandas de una población en proceso de cambio. Para ello, acordaron medidas prioritarias en materia de envejecimiento y protección social.
Los países de América Latina y el Caribe miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dieron un paso histórico a favor de este grupo etario con la aprobación en 2015 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y su posterior ratificación, hasta ahora por ocho países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. El objetivo de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Por último, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se hizo una referencia explícita a las personas mayores en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o se incluyó la desagregación por edad en determinadas metas e indicadores.
El vínculo entre los derechos humanos y las personas mayores cobra mayor relevancia en la medida en que el envejecimiento poblacional quizás sea la transformación social más importante de esta época. Se trata de un proceso en marcha que, si bien presenta variaciones subregionales y entre los países, se encuentra bien establecido. En América Latina y el Caribe, el proceso de envejecimiento se está produciendo de manera más rápida que en otras regiones: se estima que entre 2020 y 2050, el grupo etario de 60 años y más registrará un aumento de casi 105 millones de personas y la población de 20 a 59 años experimentará un incremento de casi 37 millones de personas. Por el contrario, la población menor de 20 años sufrirá una reducción de casi 34 millones de personas en 2050 con respecto a 2020. En términos relativos, las personas mayores registrarán tasas de crecimiento muy elevadas. Se prevé que la población de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe aumentará un 2,7% anual en el período 2020-2050, mucho más rápidamente que la población de 20 a 59 años, que crecería un 0,3% al año, y que la de los menores de 20 años, que disminuiría un 0,6% anual (Naciones Unidas, 2019).
Como se señaló en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, el objetivo principal es “promover el desarrollo de una sociedad para todas las edades”, considerando que “la promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, es esencial para la creación de una sociedad incluyente para todas edades, en que las personas de edad participen plenamente y sin discriminación y en condiciones de igualdad”.
A partir de estos antecedentes, y tomando en cuenta la resolución aprobada por el Consejo Económico y Social sobre las modalidades del cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), en la cual se tomó nota con aprecio del informe del Secretario General presentado a la Comisión de Desarrollo Social en su 58º período de sesiones, en 2020, se invita a los Estados Miembros a que señalen las medidas que hayan adoptado desde el tercer examen y evaluación, con miras a presentar esa información a las comisiones regionales en 2022. En dicha resolución se solicita, además, a las comisiones regionales que sigan facilitando el proceso de examen y evaluación a nivel regional, incluso mediante la consulta con los órganos regionales competentes, según proceda.
Con este cometido, el presente documento constituye una guía para orientar a los países de la región en la elaboración de los informes nacionales sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid. Para ello se plantea un examen de los avances empleando como marco principal la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, además de lo propuesto por la Declaración de Brasilia, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe y la Declaración de Asunción. Asimismo, se sugiere buscar sinergias con el informe nacional para la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el que se incorporan los indicadores del capítulo C del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y con los informes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 vinculados a los derechos de las personas mayores. La información proporcionada por los Estados miembros a través de estos informes constituirá la base para el informe que presentará la CEPAL a nivel regional y mundial en el marco del cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.
Propuesta metodológica y principios rectores para la elaboración del informe nacional
La metodología que se propone para elaborar el informe nacional es bastante flexible, principalmente en virtud del contexto que viven los países de la región por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Por tanto, las directrices que se indican para el informe van desde un ejercicio muy participativo hasta una modalidad más bien centrada en la institución rectora que pueda consolidar todas las acciones de política pública que se han implementado en los últimos cinco años. Sin embargo, también invita a una reflexión colectiva respecto de las principales lecciones aprendidas y los desafíos para los próximos años.
Es fundamental que el proceso de elaboración de los informes incorpore a todas las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que lleven adelante acciones a favor de las personas mayores.
Se sugiere constituir un equipo de trabajo presidido por la institución encargada de las políticas sobre personas mayores y conformado por las siguientes instituciones:
- Ministerio de Salud
- Institución responsable de la seguridad social
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Hacienda o Economía
- Ministerio de Educación
- Ministerio o Secretaría de la Mujer
- Instituto de Estadísticas
- Ministerio de Transporte; Ministerio o Secretaría de Vivienda (para temas de entornos favorables)
- Comisiones de derechos humanos
- Organizaciones de la sociedad civil
Se recomienda establecer mecanismos de participación de las personas mayores en el proceso de elaboración de los informes nacionales.
Dada la importancia de contar con la participación de la ciudadanía, se sugiere consultar a organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el ámbito de las personas mayores y que cuenten con representación de grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas migrantes, organizaciones de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA+), personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de desplazamiento y personas que necesitan cuidados de largo plazo).
También se sugiere utilizar un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo para evaluar el impacto de las acciones políticas, e incluir todos los anexos que se estimen convenientes.
La CEPAL, en calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, está brindando asistencia técnica para la elaboración de los informes a solicitud de los países, en coordinación con los organismos del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional. Se han recibido 12 solicitudes de asistencia técnica y, en conjunto con la sede subregional de la CEPAL para el Caribe, se está brindando un acompañamiento muy cercano a los países del Caribe.
ESTRUCTURA DEL INFORME NACIONAL
Se propone que el informe tenga la estructura que se describe a continuación:
1. Resumen ejecutivo
Se propone un resumen muy breve que incluya la estructura que se presenta a continuación (extensión máxima: 4 páginas). El objetivo es contar con un resumen sintético donde se planteen las principales ideas acerca de cómo se elaboró el informe, el examen y la evaluación del cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid, los desafíos para los siguientes años y las conclusiones:
- Metodología utilizada para la elaboración del informe, indicando las instituciones que participaron en su elaboración, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.
- Examen y evaluación del progreso nacional en el cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción Internacional de Madrid.
- Principales lecciones aprendidas y desafíos para los próximos años.
- Conclusiones.
2. Información general de la institución que presenta el informe, de las instituciones gubernamentales participantes y de las organizaciones de sociedad civil que intervinieron (extensión máxima: 1 página)
3. Breve descripción de la situación demográfica y social de las personas mayores (extensión máxima: 3 páginas)
- Disponibilidad de información estadística (censos o encuestas) específica sobre personas mayores, recopilada en los últimos cinco años.
- Presentación de indicadores demográficos actuales y de sus proyecciones.
- Presentación de indicadores económicos y sociales (cuantitativos y cualitativos) que puedan ayudar a comprender en qué contexto se abordan las cuestiones relacionadas con el envejecimiento en el país.
- Breve descripción de la situación social, económica y política del país, que ayude a comprender el contexto en el que se abordan las cuestiones relacionadas con las políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de las personas mayores. En lo posible, cabe mencionar las acciones o medidas llevadas a cabo en favor de las personas mayores en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).
4. Metodología y estrategia: esta sección debe describir la metodología utilizada para la elaboración del informe, indicando la forma de participación y la modalidad (extensión máxima: 2 páginas)
5. Principales acciones y avances en la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre la base de la evaluación de la situación general de las personas mayores (extensión máxima: 20 páginas)
Se sugiere seleccionar las prioridades nacionales para el cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid. Estas prioridades deben reflejar los principales ejes de intervención para el país. Se recomienda ordenar las acciones según las áreas prioritarias y los objetivos indicados en la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, vinculándolos con las definiciones conceptuales establecidas en la Declaración de Brasilia, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe y la Declaración de Asunción. Debería consignarse el grado de avance de cada meta y, en caso de que no hubiera avances sustantivos, identificar las causas y proponer medidas de acción. Se sugiere utilizar como insumos iniciales el informe nacional para la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe sobre el capítulo C del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los exámenes nacionales voluntarios sobre la Agenda 2030 elaborados por los países.
En la guía se presentan consignas y preguntas orientadoras por áreas prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento[1].
A continuación, se mencionan las principales áreas prioritarias del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento con el objetivo de contar con los temas que se deben considerar en el informe que realicen los países:
a) Las personas mayores y el desarrollo (Meta A de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento)
Meta A: “Protección de los derechos humanos de las personas mayores y creación de las condiciones de seguridad económica, de participación social y de educación que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas de las personas mayores y su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo”
Objetivo 1: promover los derechos humanos de las personas mayores
Objetivo 2: promoción del acceso, en condiciones de igualdad, al empleo decente, a la formación continua y al crédito para emprendimientos propios o comunitarios
Objetivo 3: promoción y facilitación de la inclusión laboral formal para las personas mayores
Este objetivo puede vincularse con los informes que el país realiza sobre el ODS 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.
Objetivo 4: ampliación y mejoramiento de la cobertura de pensiones, tanto contributivas como no contributivas
El análisis de este objetivo puede vincularse con el indicador C.2 del Consenso de Montevideo: “Porcentaje de los trabajadores ocupados que cotizan en el sistema de seguridad social, por sexo y grupos de edad” y con el indicador C.4: “Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social y asistencia social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los pobres y los grupos vulnerables”.
Asimismo, puede vincularse con la meta 1.3 del ODS 1, “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”: “Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables”, así como con la meta 10.4 del ODS 10, “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos” :“Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad”.
Objetivo 5: creación de las condiciones adecuadas para articular la plena participación de las personas mayores en la sociedad, con el fin de favorecer su empoderamiento como grupo social y fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa
b) El fomento de la salud y el bienestar en la vejez (Meta B de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento)
Meta B: “Las personas mayores deberían tener acceso a servicios de salud integrales y adecuados a sus necesidades, que garanticen una mejor calidad de vida en la vejez y la preservación de su funcionalidad y autonomía”
Objetivo 1: promoción de una cobertura universal de las personas mayores a los servicios de salud, incorporando el envejecimiento como componente esencial de las legislaciones y políticas nacionales de salud
Este objetivo puede vincularse con la meta 3.8 del ODS 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”: “Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.
Objetivo 2: establecimiento de un servicio integral de salud que responda a las necesidades de las personas mayores, fortaleciendo y reorientando para ello los servicios existentes y creando aquellos que fueran necesarios
Este objetivo se vincula con el indicador C.5 del Consenso de Montevideo: “Porcentaje de centros de atención de salud que han incluido el cuidado paliativo como prestación básica”.
Objetivo 3: promoción de conductas personales y ambientes saludables a través de leyes, políticas, programas y acciones nacionales y comunitarios
Objetivo 4: creación de marcos legales y mecanismos adecuados para la protección de los derechos de las personas mayores que utilizan los servicios de cuidado de largo plazo
Objetivo 5: promoción de la formación de recursos humanos a través del diseño y la implementación de un plan nacional de capacitación en gerontología y geriatría para los prestadores actuales y futuros de servicios de salud, en todos los niveles de atención, con énfasis en el nivel de atención primaria
Objetivo 6: elaboración y utilización de instrumentos para mejorar el conocimiento del estado de salud de las personas mayores y monitorear sus cambios
Este objetivo puede vincularse con el indicador C.8 del Consenso de Montevideo: “Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas”.
c) Creación de un entorno propicio y favorable (Meta C de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento)
Meta C: “Las personas mayores gozarán de entornos físicos, sociales y culturales que potencien su desarrollo y favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en la vejez”
Objetivo 1: adaptación del entorno físico a las características y necesidades de las personas mayores para lograr una vida independiente en la vejez
Este objetivo puede vincularse con el indicador C.7 del Consenso de Montevideo: “Porcentaje de instituciones gubernamentales que han implementado procedimientos y protocolos de atención preferencial para las personas mayores”. Asimismo, puede vincularse con la meta 1.4 del ODS 1, “Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”: “De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”; con la meta 11.2 del ODS 11, “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”: “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad”, y también con la meta 11.7 del ODS 11: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
Objetivo 2: aumento de la disponibilidad, sostenibilidad y adecuación de los sistemas de apoyo social de las personas mayores
Este objetivo puede vincularse con la meta 5.4 del ODS 5, “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”: “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.
Objetivo 3: eliminación de todas las formas de discriminación y maltrato en contra de las personas mayores
Este objetivo se vincula con el indicador C.6 del Consenso de Montevideo: “Porcentaje de personas mayores víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que se lo notificaron a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente”. Está también vinculado a la meta 10.2 del ODS 10, “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”: “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.
Objetivo 4: promoción de una imagen positiva de la vejez
d) Principales obstáculos y desafíos para el avance del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (extensión máxima: 5 páginas)
Por obstáculos se entienden los factores previsibles o no previsibles que impiden la implementación de las acciones y que ocasionan un nivel de aplicación inferior al que se podría haber logrado. En este punto se podrían tener en cuenta aspectos relacionados con la institucionalidad del país en los temas vinculados con las personas mayores (Meta D de la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento).
Meta D: “Se alienta a cada país de la región a impulsar las acciones necesarias para lograr la plena ejecución de esta Estrategia y establecer los mecanismos para su aplicación, seguimiento, evaluación y revisión, de acuerdo con sus propias realidades”
Objetivo 1: incorporación del envejecimiento en todos los ámbitos de política pública, con el propósito de adecuar las intervenciones del Estado al cambio demográfico y a la construcción de una sociedad para todas las edades
Objetivo 2: consecución de asistencia técnica a través de la cooperación entre países y del apoyo de los organismos internacionales para el diseño de políticas y programas sobre envejecimiento
Preguntas o consignas orientadoras
6. Conclusiones y acciones futuras (extensión máxima: 5 páginas)
Serán elaboradas por la institución a cargo de la redacción del informe, tomando en cuenta las principales lecciones aprendidas y los desafíos para los próximos años.
Bibliografía
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), “Declaración de Asunción: construyendo sociedades inclusivas: envejecimiento con dignidad y derechos”, Asunción, 30 de junio [en línea] https://conferenciaenvejecimiento.cepal.org/4/sites/envejecimiento4/file....
_____ (2013), Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/L.3697), Santiago.
_____ (2012), Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (LC/G.2537), Santiago.
_____ (2011), Declaración de Brasilia (LC/G.2359/Rev.1), Santiago.
_____ (2004), Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (LC/G.2228), Santiago.
Guzmán, J. M. (2002), “Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe”, serie Población y Desarrollo, Nº 28 (LC/L.1737-P/E), Santiago, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- División de Población, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio.
Huenchuan, S. y E. Rivera (eds.) (2019), Experiencias y prioridades para incluir a las personas mayores en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (LC/MEX/SEM.245/1), Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Naciones Unidas (2019), World Population Prospects 2019 (ST/ESA/SER.A/423), Nueva York.
_____ (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1), Nueva York, octubre.
_____ (2003), Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Nueva York.
OEA (Organización de los Estados Americanos) (2016), “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” [en línea] http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamerican....
.
[1] Véase [en línea] https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-presentacion-la-guia-la-elaboracion-informe-pais-la-implementacion-plan-accion.