Raquel Santos Garcia
Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL

Introducción

La evidencia indica que las niñas y niños en la primera infancia (0 a 8 años) enfrentarán graves consecuencias en sus oportunidades de desarrollo y aprendizaje, tras haber pasado al menos la mitad de su vida en condiciones de emergencia sanitaria. Esta crisis ha tenido un impacto devastador en múltiples aspectos de la vida de las niñas y niños. En primer lugar, muchos de ellos han experimentado la pérdida de sus progenitores, cuidadores y personas queridas, pero también contrajeron la enfermedad y han quedado con secuelas. La crisis económica también ha llevado a un abrupto aumento en la condición de pobreza en numerosos hogares, lo que ha afectado la calidad de vida de estas niñas y niños. Por último, de manera más generalizada, el confinamiento y otras restricciones aplicadas para contener la pandemia han tenido un impacto en su posibilidad de asistir a instituciones educativas, socializar con pares y familiares con los cuales no residía, y recibir la atención de salud a la que tienen derecho.

Producto de lo anterior, se han observado efectos negativos en su desarrollo cognitivo, lingüístico y motor, especialmente en aquellos pertenecientes a familias en situación de pobreza o cuya situación económica se vio deteriorada producto de la pandemia. Esta situación sin precedentes también afectó el bienestar emocional y la salud de niñas y niños, generando un aumento en los niveles de ansiedad e irritabilidad, así como un incremento en los índices de malnutrición y nuevos riesgos epidemiológicos al no recibir las vacunas que les correspondían, entre otros (CEPAL, 2022; CEPAL y UNICEF, 2021; UNICEF, 2023a).

Los efectos de la pandemia se sumaron a desafíos preexistentes, como por ejemplo la incidencia de la pobreza marcadamente desproporcionada en niñas y niños. Previo a la llegada del coronavirus, 11,4% de la población total de la región vivía en situación de pobreza extrema en 2019, mientras que 13,1% de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años estaban en esta misma situación. En el año 2021, esta brecha subió de 1,7 a 5,1 puntos porcentuales (CEPAL, 2023). También se profundizaron las brechas de protección social, con retrocesos en la inversión de políticas sociales dirigidas a la infancia, lo que ha aumentado los riesgos de transmisión intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2022). Las cifras de 2023 indican que mientras el 29% de la población de América Latina y el Caribe vive en situación de pobreza, este número sube a 42,5% si sólo se consideran niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años (CEPAL, 2023).

Las políticas de desarrollo integral de niñas y niños tienen impactos profundos e inmediatos en sus vidas y en las sociedades en su conjunto. Durante esta etapa inicial del ciclo de vida el cerebro se adapta y moldea a un ritmo más rápido, posibilitando la adquisición de habilidades cognitivas, emocionales y lingüísticas que influirán en su desarrollo a largo plazo. La calidad de las interacciones interpersonales, el acceso a entornos enriquecedores y la provisión de estímulos adecuados durante los primeros años son cruciales para establecer conexiones neuronales fundamentales que sustentarán sus trayectorias de vida (Center on the Developing Child, 2007). Se ha demostrado, por ejemplo, que invertir en educación de calidad durante la primera infancia es crucial para asegurar un desarrollo saludable y mejorar las oportunidades de éxito en la vida adulta, lo que incluye las trayectorias educativas, laborales y la calidad de vida. Además, esta inversión genera el mayor retorno, contribuyendo de manera costo-efectiva al desarrollo de un país (Heckman, 2013).

Asimismo, las niñas y niños que enfrentan desigualdades estructurales, ya sea por su condición étnica o racial, situación socioeconómica, territorio de origen, género, o factores de riesgo como la violencia, inseguridad alimentaria, falta de acceso a agua y saneamiento, servicios de salud y educación, todos ellos agravados y profundizados durante la pandemia, enfrentan desafíos desde una temprana edad para acceder a oportunidades educativas y laborales en el futuro, lo que perpetua el círculo de desigualdades. La idea de que en la niñez sólo se necesita de cuidados ha evolucionado hacia la visión de que las sociedades deben fomentar y facilitar el desarrollo integral de las niñas y niños, asegurando condiciones de buena salud, nutrición adecuada, protección y seguridad, aprendizaje temprano y atención receptiva que, como propone el marco ‘Cuidado Cariñoso y Sensible’, permitan construir una base sólida para su desarrollo (OPS/UNICEF/Banco Mundial, 2021).

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por todos los países de la región (Naciones Unidas, 1989), ha influido en la transformación de la percepción de la comunidad internacional y de las personas responsables de la toma de decisiones con respecto al desarrollo infantil temprano. Al reconocer a las niñas y niños como titulares de derechos y promover un enfoque integral en su bienestar, con especial atención en su derecho a acceder a salud y educación, resalta la vital necesidad de asegurar un desarrollo cognitivo, emocional y social óptimo. La Convención también releva la importancia de los primeros años de vida y ha dado lugar a la aprobación de instrumentos específicos que han aumentado la visibilidad global de la atención integral a la primera infancia en las últimas dos décadas. Ejemplos de ellos son la Observación General N^o 7 (2005) del Comité de los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 2005) y la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia en 2010.

Más recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) reafirma y fortalece el compromiso internacional de garantizar un futuro equitativo y próspero para todas las niñas y niños. Muchos de los ODS, sus metas e indicadores, se centran directamente en la primera infancia Lo mismo hacen instrumentos regionales, como la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (CEPAL, 2020; 2013). Estos objetivos se centran en abordar una amplia gama de desafíos globales, incluida la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género y la salud, con el fin de crear un entorno propicio para el pleno crecimiento y desarrollo de la infancia en todo el mundo¹.

I. La salud materno-infantil como base para el desarrollo infantil

Desde una perspectiva centrada en la salud materno-infantil, los primeros 1.000 días de vida, que comprenden desde el inicio del embarazo hasta que la niña o el niño cumple dos años, resultan de vital importancia. Durante esta etapa se experimenta un rápido desarrollo y crecimiento del cerebro y del cuerpo del bebé, sentando así las bases para su salud y bienestar a lo largo de toda la vida. La buena salud, la nutrición adecuada, la seguridad y protección, la atención receptiva y las oportunidades de aprendizaje temprano, componentes del marco del cuidado cariñoso y sensible (OPS/UNICEF/Banco Mundial, 2021), se erigen como factores esenciales que influyen en el desarrollo cognitivo, emocional y físico de la niña o niño. Los efectos derivados de una nutrición deficiente o de la ausencia de atención sanitaria durante esta etapa, por ejemplo, pueden ser permanentes y repercutir negativamente en su salud en la edad adulta. Además, durante esos primeros 1.000 días, la salud de la madre y su bienestar tienen un impacto directo en la salud del bebé (Castillo y Marinho, 2022).

La pandemia de COVID-19 evidenció las debilidades previas en los sistemas de salud de América Latina y el Caribe y agravó aún más las desigualdades existentes en el acceso a servicios de atención médica. La subfinanciación crónica de los sistemas de salud, que se sitúa por debajo del acuerdo regional de 6% del PIB, la carencia de acceso a servicios de calidad, la escasez de recursos médicos, los elevados gastos de bolsillo, las dificultades en la coordinación, sumadas a la interrupción de los servicios de salud, han limitado la atención adecuada a mujeres en edad reproductiva y a niñas y niños en sus primeros años de vida. Hasta mediados de 2021, la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe enfrentó interrupciones en los servicios de salud desde el nivel de atención primaria hacia los de mayor complejidad como medidas de contención de la pandemia. Incluso después del periodo más crítico e incierto de la crisis, muchos de los países seguían informando disminuciones en la cobertura, incluyendo el cuidado a los recién nacidos, servicios de planificación familiar, prenatales y postnatales, atención al parto, tratamiento de enfermedades infecciosas y no transmisibles, y campañas de vacunación (UNICEF, 2021). A estos factores se suma un posible cambio en el comportamiento de la población en términos de disminuir su búsqueda de atención sanitaria durante la pandemia (Chmielewska y otros, 2021). Asimismo, la pandemia ha implicado retrocesos en indicadores clave de salud materno-infantil, destacándose, entre otros, desafíos en la mortalidad materna, la desnutrición crónica y la prevalencia de niñas y niños que no han sido vacunados o que cuentan con un esquema de vacunación incompleto.

A. Una década de retroceso en la tasa de mortalidad materna

Se estima que, debido a la presión que la crisis generó sobre los servicios de salud, un tercio de las embarazadas que contrajeron COVID-19 no recibieron atención médica adecuada, (Maza-Arnedo y otros, 2022). Además, la mortalidad materna, que venía disminuyendo de forma constante en las últimas décadas, se estancó en los últimos años e incluso aumentó de forma importante en 2020. Las cifras regionales de 2020 son comparables a las de hace una década (véase el gráfico 1). América Latina y el Caribe es la única región a nivel global donde no se ha observado un avance sostenido en este indicador. Esta situación es preocupante dado que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayor parte de las muertes maternas son evitables, ya que existen medidas de prevención y tratamiento ampliamente conocidas para las complicaciones durante el embarazo, parto o en los 42 días posteriores (Marinho, Dahuabe y Arenas de Mesa, 2023). Esto tiene, por consecuencia, un impacto significativo en la salud física y mental de niñas y niños, incluyendo el impacto que tiene la orfandad en sus trayectorias de vida.

Gráfico 1

América Latina y el Caribe (31 países): tasa de mortalidad materna 2000-2020
(En n° de muertes por cada 100.000 nacidos vivos)

Fuente: adaptado de Marinho, M.L., A. Dahuabe y A. Arenas de Mesa (2023), “Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: la centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible”, Serie Políticas Sociales, No 244 (LC/TS.2023/115) Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a partir de estimaciones del grupo interagencial UN-MMEIG de OMS, UNICEF, UNFPA, Grupo Banco Mundial y la División de Población de las Naciones Unidas. Ginebra, OMS, 2023.

Entre los efectos de la pandemia también se evidencian incrementos en la depresión materna (Chmielewska y otros, 2021). En el ámbito de la nutrición, las investigaciones en países de ingresos bajos y medios muestran un aumento significativo en la anemia materna y la proporción de embarazadas con un índice de masa corporal bajo, lo que afecta la nutrición de la generación que nació en este periodo (Osendarp y otros, 2021).

B. Malnutrición infantil: una situación que no cede

La malnutrición durante los primeros años de vida puede llevar a discapacidades físicas y cognitivas irreversibles. La pandemia de COVID-19 ha alterado los patrones de consumo, afectando especialmente a los hogares más vulnerables y agravando la doble carga de desnutrición y sobrepeso-obesidad. A pesar de las recomendaciones sobre alimentación saludable y lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida, estudios de la CEPAL y FAO (2020) indican que las personas, especialmente de hogares de menores ingresos (Banco Mundial/PNUD, 2021), han tendido a consumir dietas menos nutritivas y más baratas, con menor presencia de alimentos frescos e incluso saltándose comidas. Entre otros factores, esto se debe a la reducción de controles de salud regulares, la disminución de servicios de atención a recién nacidos, la disminución de coberturas en programas de nutrición escolar y la profundización de la crisis económica (CEPAL, 2022 y 2021; Castillo y Marinho, 2022).

Asimismo, investigaciones en países de ingresos medios y bajos han identificado una mayor incidencia de desnutrición y carencias de nutrientes en grupos vulnerables, como aquellos con bajos ingresos y menores niveles educativos (Black y otros, 2013; Restrepo-Méndez y otros, 2015). Estos resultados, combinados con los cambios en el consumo, sugieren un mayor riesgo de malnutrición en niñas y niños menores de 5 años de hogares vulnerables durante la pandemia. El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (FAO y otros, 2023) resalta que los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la malnutrición aún no se han revelado del todo.

En la mayoría de los países de la región, la desnutrición crónica infantil ha experimentado una disminución gradual en la última década². Sin embargo, incluso antes de la pandemia, este descenso ocurría a un ritmo lento e insuficiente para alcanzar la meta 2.2. de los ODS. En promedio, se estima que el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica infantil alcanzó el 11,5% en 2022, comparado con el 12,7% en 2012. Paralelamente, se observa un estancamiento en el progreso relacionado con las niñas y niños que nacen con bajo peso, manteniéndose la proporción de afectados (9,5% en 2012 y 9,6% en 2022). En cuanto al sobrepeso, los datos indican un aumento en dirección contraria a la meta: la prevalencia de niñas y niños con sobrepeso pasó del 7,4% en 2012 a 8,6% en 2022 (FAO y otros, 2023).

C. El mayor retroceso en la inmunización infantil de rutina de los últimos 30 años

UNICEF (2023a) ha informado que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desastroso en la inmunización infantil a nivel mundial. De hecho, en América Latina y el Caribe se ha observado una disminución en la cobertura vacunal en los últimos cinco años, con retrocesos aún más significativos después de la pandemia. La cobertura de vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP), así como contra el sarampión, ha disminuido de manera notable, lo que ha resultado en un aumento de la prevalencia de niñas y niños ‘cero dosis’ y subvacunados³ en la región.

A pesar de que en 2017 las cifras regionales sobre la prevalencia de niñas y niños vacunados para la región eran similares o superiores a las cifras globales, el gráfico 2 muestra una significativa caída en relación con el promedio global en la vacunación DTP (cuatro puntos porcentuales en la primera dosis, y seis puntos porcentuales para el esquema completo de tres dosis), incluso teniendo en cuenta que el promedio mundial también disminuyó (véase el gráfico 2A). Por ejemplo, de 2017 a 2021 el número de niñas y niños de la región sin ninguna dosis de vacunas casi se ha cuadruplicado, de 5% al 18% (véase el gráfico 2B). Se calcula que casi 1,8 millones de niñas o niños no se vacunarán y otros 650 mil están subvacunados en la región (UNICEF, 2023a).

Los determinantes sociales de la salud juegan un papel importante en la inmunización. Aunque el territorio no parece ser determinante en la prevalencia de niñas y niños ‘cero dosis’, las niñas y niños de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber recibido ninguna dosis de DTP que las niñas y niños de los hogares más ricos. Asimismo, la prevalencia de niñas y niños ‘cero dosis’ disminuye a medida que aumenta el nivel educativo de la madre (UNICEF, 2023a).

Gráfico 2

Prevalencia de niñas y niños en el mundo y en América Latina y el Caribe que han recibido DTP1, DTP3 y la vacuna contra el sarampión, y de niños y niñas “cero dosis” y subvacunados en América Latina y el Caribe

A. Prevalencia global y en América Latina y el Caribe que han recibido DTP1, DTP3 y la vacuna contra el sarampión, 2017-2021
(En porcentajes)

Global

América Latina y Caribe

 

B. Prevalencia de niñas y niños “cero dosis” y subvacunados en América Latina y el Caribe,2000-2021
(En porcentajes)

Fuente: UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2023a), The State of the World’s Children 2023: For every child, immunization, UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, Florencia.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las debilidades preexistentes en los sistemas de atención médica. Se ha registrado un notable retroceso en indicadores críticos como la mortalidad materna y la cobertura de vacunación, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Los determinantes sociales, incluyendo el nivel de ingresos y la educación materna, juegan un rol crucial en la configuración de estos problemas de salud. Iniciativas y programas multisectoriales que abordan las condiciones que rodean a niñas, niños y madres juegan un rol fundamental en el resguardo de su salud y bienestar integral, y son clave para abordar las desigualdades persistentes en salud (Marinho, Dahuabe y Arenas de Mesa, 2023).

II. Identificar oportunidades para garantizar una educación de calidad desde los primeros años de vida

En las últimas décadas, la atención a la educación en la primera infancia (AEPI) ha cobrado relevancia al reconocer la importancia del aprendizaje en los primeros años de vida. Esto ha tenido un impacto significativo en la educación formal, las trayectorias laborales, los ingresos, la autonomía y el desarrollo social y productivo de la sociedad (CEPAL, 2022). Los avances en neurociencias y la evidencia positiva sobre programas de calidad para la primera infancia, junto con un enfoque basado en derechos, han motivado a gobiernos de todo el mundo a ampliar el acceso a programas de AEPI.

Los ODS incluyen un enfoque explícito en la educación para la primera infancia, como se refleja en su meta 4.2 que insta al acceso universal de todas las niñas y niños a servicios de educación y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Dos hitos significativos en la protección de los derechos de AEPI fueron la Declaración de Buenos Aires en 2017 y la Declaración de Tashkent, firmada en noviembre de 2022, ambas reafirmando el carácter universal y fundamental del derecho a la educación desde el nacimiento (UNESCO, 2022).

En las últimas décadas, América Latina y el Caribe ha experimentado un significativo aumento en la financiación y reformas legales e institucionales que han impulsado notables avances en el acceso a la educación para la primera infancia. En 2006, el 37,1% de las niñas y niños menores de seis años asistía a la educación preprimaria, y estas cifras han aumentado hasta llegar a 46,6% en 2020. Si se considera la asistencia un año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria, se han alcanzado cifras casi universales (94,5% y 94% para niñas y niños, respectivamente). Las brechas, especialmente territoriales y de ingresos, habían disminuido significativamente (UNESCO/UNICEF/CEPAL, 2022, CEPAL, 2022).

A inicios de la pandemia, la educación fue insuficientemente atendida: las escuelas fueron de los primeros establecimientos en cerrar y de los últimos en volver a abrir. La falta de priorización en una región marcada por múltiples desigualdades tiene el potencial de profundizar las desigualdades preexistentes a mediano y largo plazo y dejar un ‘efecto de cicatriz’ en las nuevas generaciones (CEPAL, 2022).

De igual modo, la reanudación de las actividades presenciales de aprendizaje para la primera infancia se produjo en muchos casos sin una planificación adecuada ni coordinación nacional. Las niñas y niños en edad de asistir a programas AEPI han sido de los más afectados por el cierre de los centros educativos: fue el nivel con mayor descenso de asistencia durante los primeros años de pandemia, y el que menos ha recuperado los índices de asistencia alcanzados en 2019.

A. Niñas y niños en primera infancia han sido los más afectados por las modalidades de educación remota establecidas durante la pandemia

El cierre de los centros educativos ha tenido un efecto directo en las condiciones de acceso a la educación, afectando de forma más intensa a algunos grupos: el impacto fue especialmente fuerte para niñas y niños menores de tres años y en hogares de bajos ingresos, lo que ha profundizado las brechas características del sistema de educación. Incluso cuando la presencialidad fue implementándose de manera gradual en combinación con protocolos sanitarios muchas veces rigurosos, se reportó la resistencia por parte de las familias de enviar a sus hijos e hijas a la escuela por temor de que no estaban preparadas de manera segura y adecuada para recibir a la comunidad educativa.

Entre todos los niveles educativos, los impactos negativos en la asistencia escolar han sido más evidentes en la educación preprimaria. Cuando se considera niñas y niños con un año menos que la edad oficial⁴ para ingresar a la primaria, las tasas de asistencia se redujeron 6,1 puntos porcentuales entre 2019 y 2020 (de 94,5% a 88,4%), y casi 8 puntos entre 2019 y 2021 (86,8%). Si se amplía el grupo de edad a aquellos con tres años menos que la edad oficial de ingreso a la primaria, es decir, niñas y niños entre 3 y 5 años, la reducción va del 73,9% al 68,1% entre 2019 y 2021 (5,8 puntos porcentuales)(véase el gráfico 3). Para los demás niveles educativos no se observan caídas significativas durante la pandemia (CEPAL, 2022).

Gráfico 3

América Latina (14 países)^a: tasa de asistencia de niñas y niños de edades inferiores a la edad oficial de ingreso a la primaria entre 2019 y 2022
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedios ponderados estimados a partir de información de los siguientes países: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

^b Promedios ponderados estimados a partir de información de los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

Hasta 2022 ninguno de estos dos grupos de edad había logrado recuperar los niveles de asistencia anteriores a la pandemia. Si se analiza a niñas y niños con un año menos que la edad oficial de ingreso a la primaria, la brecha entre 2019 y 2022 se mantiene en casi 2 puntos porcentuales (94,5% al 92,6% , respectivamente). Para el grupo de edad más amplio, es decir, a partir de tres años de edad menos que la edad para ingresar a primaria, la brecha entre estos dos periodos es de 2,4 puntos porcentuales, del 73,9% al 71,5%.

Sin embargo, las cifras más llamativas, se observan cuando se desglosa la información por ingreso de los hogares. Se observa que, mientras el quintil de ingresos más altos está cerca de recuperar los niveles de asistencia previos a la pandemia, con una diferencia de apenas 0,5 puntos porcentuales y manteniendo un acceso prácticamente universal (97,9% en 2019 y 97,4% en 2022), los quintiles de ingresos medios y bajos siguen sin recuperar los niveles prepandémicos. La brecha es significativa para el quintil de ingresos medios, con una diferencia de 2,9 puntos porcentuales. En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema, la diferencia es de 4 puntos porcentuales, pasando del 89,4% al 85,4% entre los dos períodos. Esto significa que la brecha entre las niñas y niños de hogares en pobreza extrema y aquellos que están por encima de la línea de la pobreza aumentó de 6,7 a 9 puntos porcentuales entre 2019 y 2022 (véase el gráfico 4).

Gráfico 4

América Latina (14 países)^a: tasa de asistencia a nivel preprimario entre niñas y niños con un año de edad menos que la necesaria para entrar a primaria según quintiles de ingreso per cápita y situación de pobreza, alrededor de 2019 y 2022
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

^a Promedios ponderados estimados a partir de información de los siguientes países: Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

A partir de una encuesta realizada por la CEPAL y UNICEF⁵ con ministerios de educación o ministerios de desarrollo social y oficinas nacionales de UNICEF en la región, se observa que la modalidad de educación a distancia fue particularmente desafiante para los tramos más pequeños de edad, ya que dependen más de familiares o cuidadores para utilizar dispositivos electrónicos. Además, al competir con las demás niñas, niños y adolescentes de un mismo hogar en la educación remota, a menudo la primera infancia ha sido menos priorizada en el acceso a dispositivos e Internet cuando otros miembros de la familia también los necesitaban. Estos desafíos se suman a los problemas transversales relacionados con la educación remota, como las brechas de acceso a dispositivos digitales y la conectividad limitada.

En un contexto de crisis económica, marcado por un escenario de restricciones fiscales, los países se vieron obligados a cambiar sus prioridades para hacer frente a las demandas inmediatas de la crisis sanitaria. Esto incluyó la creación de nuevos materiales educativos para la primaria y la secundaria. Como resultado, en general, hubo una disminución en el presupuesto destinado a la educación para la primera infancia. De los 12 países para los que se tienen datos sobre los gastos gubernamentales desagregados para este nivel educacional, ocho redujeron su presupuesto en valores absolutos. Esta disminución se puede atribuir tanto a la reorganización de prioridades como a la caída del PIB.

Para las educadoras y educadores de párvulos, la pandemia trajo nuevas demandas de adaptaciones en sus estratégicas pedagógicas. A menudos, estas adaptaciones se llevaron a cabo sin las debidas directrices gubernamentales o formación para adaptar la metodología al contexto. La emergencia también tuvo importantes impactos en sus condiciones laborales, como mayor carga de trabajo, la necesidad de equilibrar las clases con las responsabilidades domésticas y de cuidado, así como la financiación de sus propios recursos para la enseñanza, entre otros. En particular, la salud mental de las educadoras fue una problemática transversal en la región. En la encuesta mencionada anteriormente, 16 de 26 países encuestados lo consideraron como un tema crítico.

B. La pandemia trajo nuevas perspectivas e innovaciones para avanzar en el compromiso con la Atención y Educación de la Primera Infancia de calidad

En la región, la pandemia trajo también innovaciones y oportunidades de transformaciones (CEPAL, 2022), alineados con los compromisos establecidos en la Declaración de Taskent de la última Conferencia Mundial de Atención y Educación de la Primera Infancia (UNESCO, 2022).

1. Diversificar los espacios de aprendizaje, las prácticas y la oferta de materiales de AEPI

El cierre de los centros educativos obligó a los sistemas de educación para la Primera Infancia a adaptarse a las nuevas condiciones y diseñar soluciones para ofrecer continuidad de los servicios de educación. Las modalidades de enseñanza alternativa que atienden a poblaciones específicas han ganado relevancia y se ha aprendido de las formas de enseñanza y aprendizaje con tecnologías y medios más inclusivos. Esto incluye metodologías que adaptan el principio de la interculturalidad y la adopción de lenguas indígenas en el aula, en espacios públicos y en transmisiones de radio y televisión, con el objetivo de mejorar la inclusión de niñas y niños, así como el involucramiento de sus familias, que en muchas ocasiones no hablan la lengua oficial de enseñanza. Un ejemplo destacado es el programa “Aprende en Casa” de México, que transmitió su contenido educacional en 15 lenguas indígenas. El Estado Plurinacional de Bolivia, la Argentina y el Ecuador también implementaron programas similares. También se destaca la enseñanza individualizada o en pequeños grupos, como se ha llevado a cabo en El Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador. En Panamá, el programa “Mochila Cuidar” proporcionó un kit organizado por tramo de edad con juguetes de encajar, set de bloques de madera, pelota, rompecabezas, crayones, cuaderno de dibujo y guía de actividades para las familias que no tenían material para trabajar con niñas y niños

2. Reforzar los sistemas de educación y desarrollo profesional del personal de AEPI

La necesidad de ajustar los procesos de formación ha cambiado la percepción general sobre la formación en línea, considerándola no solo posible, sino también exitosa. La mayoría de los países de la región diseñaron capacitaciones remotas o adaptaron sus programas de formación inicial. La necesidad de expandir la formación a distancia dio paso a la creación de metodologías participativas y múltiples plataformas, las que siguen estando disponibles tanto para la formación inicial como continua, lo que respondería a uno de los persistentes desafíos de la AEPI. Además, la disponibilidad de recursos e infraestructura, combinada con una mayor aceptación de la sociedad en relación con la formación en línea, también tiene el potencial de abrir oportunidades para que los agentes educativos se formen utilizando recursos de otros países de la región a través de la cooperación Sur-Sur.

Igualmente, el tema de la salud mental de educadoras y educadores de párvulos, que también era un desafío previo a la pandemia, ha ganado fuerza y atención. Se reconoció finalmente que es necesario contar con un cuerpo docente estable y sano para apoyar el desarrollo y aprendizaje infantil tanto en tiempos de estabilidad como en períodos de crisis o emergencias. Este asunto se ha convertido en un tema clave para el desarrollo infantil. En el Perú, se ha ofrecido atención psicológica teleasistida para personal docente para ayudar a enfrentar los cambios que se estaban experimentando. En Chile, en colaboración con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), se implementaron cursos de bienestar emocional y se formó el Consejo de Convivencia y Salud Mental en educación para primera infancia que elaborará recomendaciones para implementarse en los próximos años.

3. Promover la colaboración entre la familia y los educadores

La situación de aislamiento forzó a las familias a convertirse en implementadoras de estrategias educativas con sus hijas e hijos y trajo a discusión su rol en el desarrollo educativo infantil. Esto generó un mayor involucramiento en los procesos de aprendizaje, lo que resultó en un vínculo sostenido, amplio y efectivo entre las educadoras y familias. Las familias y centros educativos han aprendido a trabajar colaborativamente por un objetivo común y estas se volvieron más conscientes de los recursos disponibles para facilitar el aprendizaje. El compromiso de las familias ha representado una valiosa oportunidad para reconocer a los hogares como entornos propicios para el aprendizaje.

En Costa Rica y Chile, algunas instancias formativas para las familias en la televisión y los materiales producidos para ellas con equipos pedagógicos se han mantenido más allá de la pandemia. Se planea continuar con las estrategias que han demostrado ser efectivas durante el periodo de confinamiento. En el contexto de la educación de niñas y niños bajo el cuidado de madres privadas de libertad en el Paraguay, se ha realizado un esfuerzo específico y dedicado para garantizar la continuidad del proceso educativo tanto para las madres como para los profesionales penitenciarios. Finalmente, en Chile se han observado indicadores alentadores en cuanto a la participación activa de padres, madres y cuidadores en la lectura de cuentos: entre 2019 y 2020, cuidadores que no leían cuentos a niñas y niños disminuyó del 88,8% al 34,1%, y los que leen cuentos durante más de 1 h diaria aumentó del 5% al 46,2% (Narea y otros, 2021).

A modo de síntesis, puede afirmarse que en las últimas décadas la atención a la educación en la primera infancia ha cobrado importancia en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el cierre de centros educativos gatillado por la pandemia de COVID-19 presentó desafíos significativos que afectaron desproporcionadamente a las niñas y niños más pequeños, disminuyendo las oportunidades de abordar las desigualdades desde edades tempranas. A pesar de esto, surgieron oportunidades, como la diversificación de las estrategias de enseñanza y la formación en línea para educadores. Además, se destacó la importancia de la salud mental de los educadores y el involucramiento de las familias en el aprendizaje de niñas y niños. La colaboración entre familias y educadores se fortaleció, reconociendo los hogares como entornos de aprendizaje.

III. Recomendaciones para asegurar el desarrollo integral de la primera infancia en la pospandemia

Como se ha planteado, el desarrollo integral de la primera infancia es esencial para construir un futuro más equitativo, saludable, productivo y justo. A pesar de los esfuerzos, en particular en las últimas dos décadas, para fortalecer las políticas sociales que brindan atención especial a esta etapa del ciclo de vida, la pandemia de COVID-19 se manifestó como un gran shock. La crisis ha reconfigurado prioridades y exacerbado las desigualdades, mostrando importantes retrocesos en los indicadores sociales y obstaculizando los esfuerzos hacia un desarrollo social inclusivo, dimensión estratégica del desarrollo sostenible. América Latina y el Caribe se vio particularmente afectada, y las niñas y niños en la primera infancia han quedado en gran medida invisibilizados.

En un contexto de recuperación de una serie de crisis, es imperativo repensar estrategias y tomar medidas decisivas y transformadoras para reducir los riesgos de transmisión intergeneracional de la pobreza, abordar las desigualdades y superar los desafíos persistentes en los diversos sectores.

En este sentido, y basándose en lo planteado en las secciones anteriores, se identifican cinco áreas de atención a priorizar para el desarrollo integral de la primera infancia a todas las niñas y todos los niños de la región.

A. Traducir las evidencias científicas en políticas públicas de Estado sostenibles y efectivas

A pesar de la abrumadora evidencia científica que respalda los beneficios de invertir en la primera infancia, resulta preocupante observar que este conocimiento aún no ha trascendido más allá de los círculos especializados. Durante la pandemia, la región ha sido testigo de un retroceso de esta inversión, como lo demuestra la disminución de los recursos para las políticas sociales dirigidas a niñas y niños, la reducción de su acceso a la protección social y la disminución de los presupuestos destinados a la AEPI.

Para abordar esta cuestión, es fundamental cerrar la brecha entre la evidencia disponible y la acción gubernamental. Esto implica, en primer lugar, superar los límites de los círculos especializados, llegar a los responsables de la toma de decisiones, establecer alianzas con otros sectores de las políticas y transmitir la información de manera eficaz y clara a las y los contribuyentes fiscales y a las familias con niñas y niños en primera infancia.

Dada la necesidad de que esta inversión sea duradera y evaluada a largo plazo, es fundamental reconocer la necesidad de implementar políticas con una visión de Estado en una región caracterizada por la inestabilidad política y los intereses cambiantes. Esto implica establecer marcos legales sólidos que garanticen el compromiso a largo plazo, asegurar acuerdos y agendas multilaterales, como la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (CEPAL, 2020), buscar alianzas con actores clave en la sociedad civil y el sector privado, y garantizar la sostenibilidad financiera y el acceso a servicios, en especial en momentos de crisis e incertidumbre política.

Además de fortalecer un enfoque basado en derechos y en el bienestar infantil, es necesario también presentar argumentos adicionales que resalten la importancia de invertir en el desarrollo integral de la primera infancia, incluso a corto plazo. Uno de estos argumentos es fomentar el acceso de las mujeres al mercado laboral y su contribución a la economía cuando el Estado puede proporcionar atención y educación de calidad desde el nacimiento de sus hijas e hijos (Vaca-Trigo, 2019). También considera destacar la inversión rentable para el desarrollo productivo y llevar a cabo estudios objetivos de los costos asociados a la inacción.

Abordar la voluntad política débil, la coordinación intersectorial inadecuada y la asignación insuficiente de recursos financieros requiere aliados en todas las esferas de la sociedad que tengan claridad de lo estratégico, esencial y apremiante que es invertir en la infancia.

B. Poner la protección social sensible a la niñez en el corazón del desarrollo integral de la primera infancia

La protección social sensible a la niñez abarca medidas destinadas a prevenir, reducir y eliminar tanto las vulnerabilidades económicas como las sociales que llevan a la pobreza y exclusión social a niñas, niños y sus familias. Considerada un derecho fundamental, la protección social contribuye directamente al desarrollo y bienestar de la infancia. Al garantizar el acceso a servicios esenciales, como nutrición, salud, cuidado y educación, tanto para niñas y niños como para sus familias, e ingresos adecuados de sus hogares, la protección social permite que niñas y niños ejerzan sus derechos desde una edad temprana, ampliando sus oportunidades de desarrollo y ayudándoles a alcanzar su máximo potencial (UNICEF, 2012).

Los sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles representan un pilar fundamental de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, que incluyen un conjunto de políticas diseñadas para, entre otras cosas, “asegurar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal” (CEPAL, 2020, pág. 20). Uno de sus objetivos es evaluar la viabilidad de implementar gradual y progresivamente una transferencia universal para la niñez.

La discusión sobre la priorización de prestaciones monetarias dirigidas a la infancia ha cobrado fuerza en la región, especialmente con la pandemia de COVID-19. Estas prestaciones podrían ser universales, casi universales o de diversa cobertura, lo que contribuiría a reducir las desigualdades desde la infancia al acceder a bienes y servicios, y crearía un piso compartido de oportunidades para adquirir capacidades humanas y prosperar (Robles y Santos Garcia, 2023; Bacil y otros, 2022).

C. Asegurar que las familias y comunidades tengan recursos para brindar un cuidado cariñoso y sensible

El fomento de la participación activa de las familias y las comunidades en la crianza es fundamental para el desarrollo integral de la primera infancia. Esto implica la adopción de medidas concretas que promuevan la colaboración y el apoyo mutuo entre madres, padres, cuidadores y educadores, con un enfoque especial en el bienestar socioemocional de niñas y niños.

Una medida clave es considerar la implementación de licencias parentales y otras inversiones en la economía del cuidado. Garantizar que madres y padres tengan acceso a servicios de cuidado que les permitan cuidar y criar a sus hijas e hijos durante los primeros años de vida es fundamental. Esto no solo fortalece los lazos familiares, sino que también contribuye a un ambiente emocionalmente saludable para niñas y niños.

Otro aspecto fundamental es seguir fortaleciendo los vínculos entre las familias y las y los educadores de párvulos. Fomentar una comunicación abierta y efectiva entre las partes involucradas en el proceso educativo garantiza un apoyo constante y coherente para su desarrollo integral. Asimismo, se requiere un fortalecimiento de las medidas de apoyo a la parentalidad, brindando información y recursos a los responsables de la crianza de una niña o niño en el hogar. Esto incluye la distribución igualitaria de las responsabilidades en la familia, con especial atención a la sobrecarga de las mujeres en las tareas de cuidado.

D. Mejorar la recopilación de datos y los sistemas de información de la infancia de forma integral

La disponibilidad de información precisa y actualizada es esencial para tomar decisiones informadas, diseñar políticas efectivas y alcanzar a las niñas, niños y sus familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, persisten desafíos para medir el progreso hacia el logro de las metas de los ODS relacionados con la primera infancia en todos los sectores.

La pandemia de COVID-19 ha resaltado, por ejemplo, la importancia de contar con sistemas de vigilancia sólidos que permitan detectar y abordar de manera oportuna las amenazas para la salud de niñas y niños. Un aspecto clave es la necesidad de medir los riesgos epidemiológicos y llevar a cabo una vigilancia efectiva de las enfermedades que les afectan. Asimismo, dado el escenario de bajas tasas de inmunización, es esencial mejorar la recopilación de datos relacionados para identificar a aquellos que no han sido vacunados y garantizar su acceso a vacunas y a información y respuesta a sus preocupaciones y necesidades (UNICEF, 2023a).

Es igualmente fundamental implementar o fortalecer sistemas nacionales de información que permitan monitorear la situación de salud de la niñez en emergencias y crisis. Esto es esencial para asegurar una respuesta efectiva y proteger a las niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad.

En el ámbito educativo, la recopilación y el monitoreo de indicadores relacionados con el desarrollo educativo de la primera infancia son cruciales y presentan desafíos importantes en la región. Actualmente, existen muchas deficiencias en la disponibilidad de datos, especialmente para niñas y niños en las etapas más tempranas (0 a 3 años) y en datos sobre financiamiento. Los informes actuales sobre la educación infantil tienden a agrupar los datos de la AEPI con otros niveles educativos, lo que dificulta obtener una imagen precisa de la situación y los desafíos que enfrenta este nivel educativo. En consecuencia, la falta de información dificulta la formulación de políticas y programas específicos destinados a mejorar la calidad de la educación en la primera infancia. Fortalecer la recopilación de datos es esencial para garantizar la calidad de la educación en la primera infancia, ya que el acceso sin calidad no es suficiente.

En un contexto marcado por importantes desafíos, como la pandemia de COVID-19 y la persistencia de desigualdades, es esencial enfocar los esfuerzos en garantizar que cada niña y niño tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial desde el inicio de sus vidas. Este compromiso no solo representa un imperativo moral, sino también una inversión crucial en el futuro sostenible y próspero de nuestras sociedades.

E. Aumentar el compromiso por la educación en la primera infancia

El fortalecimiento de la educación en la primera infancia tiene impactos positivos a corto y largo plazo en las trayectorias de vida y es pieza fundamental en el desarrollo social inclusivo en la región. Pese a esto, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el reconocimiento de la importancia de la AEPI no se tradujo en medidas efectivas para garantizar la continuidad educativa. Se observa que este fue el nivel educativo en que se implementaron menos estrategias dirigidas a la reapertura y adaptación al nuevo escenario. Asimismo, se llevaron a cabo menos evaluaciones, se implementaron pocas medidas para reducir las brechas de aprendizaje y se tomaron limitadas acciones de recuperación y adaptación para aquellos que no tuvieron acceso a la educación a distancia (UNESCO/UNICEF, 2022; CEPAL, 2022).

Además de abordar los impactos inmediatos de la pandemia, como la recuperación de las tasas de asistencia y seguir los esfuerzos para llegar a la universalidad, a través, por ejemplo, de la búsqueda activa, se precisan esfuerzos para reforzar los marcos legales, mejorar la formación inicial y continuación del cuerpo docente y priorizar la calidad de los programas educativos. Estos esfuerzos contribuirían a desarrollar las habilidades necesarias para crear entornos seguros, estimulantes y enriquecedores en los que niñas y niños tengan oportunidades de aprendizaje desde el principio de su vida. Persiste también la necesidad de seguir invirtiendo en el desarrollo temprano y la educación, al menos el 10% del presupuesto de educación como sugiere UNICEF (UNICEF, 2023b; CEPAL, 2022).

Bibliografía

Bacil, F. y otros (2022), “Las transferencias en efectivo con enfoque universal en la Región de América Latina y el Caribe”, Research Report N° 65, Brasilia y Ciudad de Panamá: Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO).

Banco Mundial/PNUD (Banco Mundial/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2021), “COVID-19 Household Monitoring Dashboard”. Disponible [en línea] https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/11/11/covid-19-high-frequency-monitoring-dashboard

Black, R. y otros (2013), “Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries”, The Lancet, 382(9890), 427-451.

Castillo, C. y M.L. Marinho (2022), “Los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de niños y niñas en América Latina y el Caribe: la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social sensibles a los derechos de la niñez”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/25), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Center on the Developing Child (2007), “The Science of Early Childhood Development (InBrief)”, Center on the Developing Child: Harvard University. Disponible [en línea] https://developingchild.harvard.edu/resources/inbrief-science-of-ecd/ [fecha de consulta: 7 de agosto de 2023].

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2023), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023: la inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (LC/PUB.2023/18-P), Santiago.

____(2022), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible, (LC/PUB.2022/15-P), Santiago.

____(2021), Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe (LC/CDS.4/3), Santiago.

____(2020), Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (LC/CDS.3/5), Santiago.

____(2013), Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo (LC/L.3697), Santiago.

CEPAL/FAO (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (2020), “Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe: Hábitos de consumo de alimentos y malnutrición”, Boletín N° 10, 16 de julio de 2020. Santiago. Disponible [en línea] https://doi.org/10.4060/cb0217en.

CEPAL/UNICEF (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2021), “Pandemia de COVID-19: el derecho a estudiar de las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”.

Chmielewska, B. y otros (2021), “Effects of the COVID-19 pandemic on maternal and perinatal outcomes: a systematic review and meta-analysis”, The Lancet Global Health, vol. 9, No. 6, Elsevier, 1 de junio.

FAO y otros (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros) (2023), “The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum”, Roma.

Heckman, J. (2013), Giving Kids a Fair Chance (A Strategy that Works), Cambridge, MIT Press.

Marinho, M. L., A. Dahuabe y A. Arenas de Mesa (2023), “Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe: la centralidad de la salud para el desarrollo social inclusivo y sostenible”, Serie Políticas Sociales, No 244 (LC/TS.2023/115) Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Maza-Arnedo, F. y otros (2022), “Maternal mortality linked to COVID-19 in Latin America: Results from a multi-country collaborative database of 447 deaths”, The Lancet Regional Health Americas Volume 12, 100269, August 2022. Disponible [en línea] https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100269.

Naciones Unidas (2005), Observación General Nº 7 (2005): Realización de los derechos del niño en la primera infancia. Convención sobre los Derechos del Niño, CRC/C/GC/7/Rev.1. 14 de noviembre de 2005. Ginebra.

____(1989), “Convención sobre los Derechos del Niño”, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Disponible [en línea] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child [fecha de consulta: 16 de agosto de 2023]. 20 de noviembre de 1989.

Narea, M. y otros (2021), “Estudio longitudinal mil primeros días, segunda ola primeros resultados: cuidado y bienestar de las familias en pandemia”, Estudios en Justicia Educacional, Santiago, Centro Justicia Educacional.

OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos) (2023), “Haciendo visible lo invisible en primera infancia: avances, logros y desafíos en el cumplimento de la meta 4.2 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. Madrid.

OPS/UNICEF/Banco Mundial (Organización Panamericana de la Salud/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/ Banco Mundial) (2021), “El cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo en la primera infancia. Marco para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y prosperar a fin de transformar la salud y el potencial humano”. OMS, Ginebra.

Osendarp, S. y otros (2021), “The COVID-19 crisis will exacerbate maternal and child undernutrition and child mortality in low- and middle-income countries”, Nature Food, vol. 2, No. 7, 19 de julio.

Restrepo-Méndez, M. C. y otros. (2015), “Time trends in socio-economic inequalities in stunting prevalence: analyses of repeated national surveys”, Public Health Nutrition, 18(12), 2097-2104.

Robles, C. y R. Santos Garcia (2023), “Recomendaciones finales”, en R. Santos Garcia, C. Farías y C. Robles (coords.), “La protección social de los ingresos en América Latina y el Caribe: debates sobre un ingreso básico y opciones de políticas” Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/27/Rev.1), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2022), Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia: Declaración de Tashkent y Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación de la Primera Infancia, París.

UNESCO/UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2022), Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19, París.

UNESCO/UNICEF/CEPAL (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia/Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2022), La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030, París.

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2023a), The State of the World’s Children 2023: For every child, immunization, UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, Florencia.

____(2023b), Shape the Future of Education in Latin America and the Caribbean: Early Childhood Education for All, Panamá y Ginebra.

____(2021), “Tracking the situation of children during COVID-19», UNICEF DATA. Disponible [en línea] https://data.unicef.org/resources/rapid-situation-tracking-covid-19-socioeconomic-impacts-data-viz/ [fecha de consulta: 10 de agosto de 2023].

____(2012), “Integrated Social Protection Systems. Enhancing Equity for Children. UNICEF Social Protection Strategic Framework”, New York.

Vaca-Trigo, I (2019), “Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo”, serie Asuntos de Género, N° 154 (LC/TS.2019/3), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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