La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el informe "Necesidades de financiamiento y objetivos climáticos en América Latina y el Caribe", en el que se destaca el significativo esfuerzo financiero que la región deberá asumir para cumplir con los compromisos climáticos acordados en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). El informe estima que la inversión anual requerida para alcanzar estos objetivos oscila entre el 3,7% y el 4,9% del PIB regional, lo que equivale a un flujo anual de entre 215.000 y 284.000 millones de dólares hasta 2030.
El documento revela que el financiamiento actual destinado a acciones climáticas en la región es considerablemente insuficiente. Los flujos de financiamiento climático apenas alcanzan el 0,5% del PIB regional, lo que implica que deben multiplicarse entre 8 y 10 veces para cerrar la brecha existente y cumplir con las metas establecidas. Esta insuficiencia afecta tanto a las acciones de mitigación como de adaptación al cambio climático, siendo ambos frentes esenciales para garantizar la sostenibilidad de los países de América Latina y el Caribe.
El informe de la CEPAL subraya que los sectores con mayores necesidades de inversión incluyen el transporte, la energía y la reducción de la deforestación, que son cruciales para la mitigación de emisiones. El transporte es el sector con el mayor requerimiento de inversión debido a la urgencia de transformar los sistemas de movilidad y adoptar tecnologías más limpias, como la electromovilidad.
Por su parte, las inversiones en adaptación, que se estiman entre el 1,4% y el 1,8% del PIB anual de la región, son igualmente críticas para enfrentar los impactos adversos del cambio climático. Las principales áreas de inversión en adaptación incluyen los sistemas de alerta temprana, la infraestructura de agua y saneamiento, la protección costera y la preservación de la biodiversidad.
El estudio también indica que los requerimientos de financiamiento varían significativamente entre los países, en función de sus características específicas, como su dependencia de los combustibles fósiles, el nivel de deforestación y la brecha en infraestructura. Además, se señala que las estimaciones actuales no contemplan todos los sectores que requieren atención, como la agricultura, la gestión de residuos y la salud, lo que sugiere que las necesidades reales de financiamiento podrían ser aún mayores.
En resumen, el documento concluye que movilizar los recursos necesarios para la acción climática en América Latina y el Caribe es un imperativo para avanzar hacia economías más resilientes, sostenibles y con un crecimiento económico inclusivo.