Contexto
El término gobierno abierto se aplica claramente a una filosofía de gestión pública puesta en marcha por el poder ejecutivo de un Estado, sea en el nivel nacional o subnacional.
Ahora han demostrado una voluntad semejante en los demás poderes del estado, como el legislativo y el judicial, así como otras instituciones públicas o paraestatales. Se trata de hacer más transparente la gestión o promover la participación ciudadana, con lo cual crece la evidencia para suponer que la tendencia se irá extendiendo crecientemente hacia estos otros ámbitos institucionales. Para diferenciarse, cada una de estas instancias ha adoptado un término específico, como “parlamento abierto”, “congreso abierto”, “justicia abierta”, “universidad abierta”, etc. Este conjunto de políticas o propuestas se identifica ahora como “Estado Abierto”. Este enfoque ampliado expresa la voluntad formalmente expresada de promover la apertura de sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía.
Resulta auspicioso que la CEPAL haya decidido adoptar el término “Estado Abierto” para englobar los esfuerzos de apertura, transparencia y aliento a la participación ciudadana en la gestión pública, que se vienen registrando en los diferentes niveles e instancias del aparato estatal. De hecho, el término fue acuñado por la propia Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en la reunión Global de OGP el año 2015 donde plantea que transitar a un Estado Abierto supone un esfuerzo institucional por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá del poder ejecutivo, hacia el poder legislativo y judicial, así como también hacia los niveles subnacionales y locales de gobierno. A partir de aquello, se dio un giro semántico que comienza a tener vigencia en la propia experiencia política de América Latina. Un ejemplo de esto es el de los tres poderes estatales de Costa Rica quienes, a fines de 2015 suscribieron la denominada “Declaración por la construcción de un Estado Abierto”, según la cual se buscaba “promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, mayor participación ciudadana y utilización de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información”.
Sin embargo, hay que ser cuidadosos en este tránsito. Como lo reconoce el Dr. Oscar Oszlak en múltiples escritos, “Estado Abierto” no debería concebirse, simplemente, como la “suma” de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta, para nombrar los términos más habituales. Concebirlo así reduciría el concepto a un agregado institucional que, si bien comparte una filosofía similar, pierde de vista el compromiso común y la vigilancia mutua que hacen a la esencia de la división de poderes en una democracia. Además, dejaría fuera otras instancias institucionales extra- o paraestatales, que también deberían transparentar su gestión, en la medida en que utilizan recursos públicos o subsidios estatales, como en los casos de sociedades con participación estatal, emprendimientos público-privados, fundaciones, beneficiarios de regímenes de promoción, servicios públicos subsidiados y similares. Definitivamente, el “todo” del Estado Abierto es más que la suma de las “partes”.
En cuanto a los desarrollos concretos, no es posible encontrar un modelo único que sirva de guía en ese tránsito.
Las reglas o recomendaciones para desarrollar un “Gobierno Abierto” están bastante claras, aunque en permanente transformación. Esto no sucede con el proceso de “Estado Abierto”. Por eso es muy importante relevar las tratativas que dan origen a propuestas en esa línea.
Es posible que se puedan extraer lecciones aprendidas de experiencias sin integración de sistemas en uno mayor de “Estado Abierto”, como es el caso de los Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGAs) que incluyen compromisos a cargo del Poder Judicial u organismo del Poder Ejecutivo vinculado al servicio de justicia; o los compromisos donde interviene el Poder Legislativo u órgano conexo perteneciente al ámbito del Ejecutivo.
Debe investigarse también cómo han incorporado otros organismos autónomos o similares, así como al nivel subnacional o local, a través de organismos del Poder Ejecutivo con incumbencias, como es el caso del Ministerio del Interior de la Argentina.
Paralelamente, los diversos actores institucionales que conforman el Estado se han embarcado por su cuenta en un proceso de cocreación con conexión directa con OGP, a través de planes de acción de “justicia abierta”, de parlamento abierto”, de “gobiernos abiertos locales”. En ese último caso también verificamos que los planes de acción propuestos apuntan a la creación de ecosistemas de estado abierto local, como sucede con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
En definitiva, debemos concluir que es necesario apuntar al establecimiento de un Sistema Nacional de Estado Abierto para no seguir sumando islas con escasa o ninguna vinculación tanto al exterior como internamente, ya que no logran transversalizar estas iniciativas en sus propios sistemas.
Objetivo general del evento
Promover una reflexión y debate sobre las diversas estrategias de acuerdos entre organismos, poderes y niveles de gobierno que dan origen a PAGAs orientados hacia el Estado Abierto, a fin de consolidar un modelo referencial que ponga en evidencia la trastienda de esos procesos y sus posibilidades de integración en un Ecosistema.
Objetivos específicos del evento
- Caracterizar históricamente la emergencia de políticas de Estado Abierto
- Reconocer qué países de la región están avanzando en ese sentido.
- Identificar en qué medida los distintos marcos internacionales contienen y guían estos avances: OGP, CEPAL, OCDE, OEA y agencias de cooperación nacionales.
- Presentar casos nacionales donde se ha problematizado la necesidad de constituir un ecosistema de Estado Abierto y las características de los procesos y actores que están permitiendo un avance en esa dirección.
- Exponer los acuerdos iniciales entre poderes, niveles y otros actores.
- Reconstruir los procesos de integración entre el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS y el PAGA para articular iniciativas de Estado Abierto.
- Plantear la pertinencia o no de un marco legal para dicho proceso.
- Reflexionar sobre la pertinencia o no de un marco legal para asegurar el impacto de políticas de Estado Abierto en cada uno de los subsistemas intervinientes.
- Comparar las experiencias de desarrollo de Estado Abierto en la región.
