El Estudio Económico y Social Mundial de las Naciones Unidas de 2016 se centra en los desafíos de crear resiliencia para el cambio climático y en cómo las poblaciones y comunidades vulnerables se ven afectadas desproporcionadamente por los desastres climáticos. Asimismo, sostiene que en ausencia de políticas transformadoras que aborden de manera coherente las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, la resiliencia para el cambio climático se verá dificultada y se incrementarán la pobreza y las desigualdades. El Estudio refuerza la necesidad de afrontar el nexo entre cambio climático y desigualdad.
El Estudio señala que los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia son esenciales para combatir la desigualdad y construir estrategias de resiliencia climática. Estos derechos no solo aseguran el tratamiento de los problemas ambientales que afectan a los grupos en desventaja y las comunidades vulnerables, sino además garantiza que las necesidades de estos grupos sean tomadas en cuenta.
El proceso regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe se destaca junto con el Convenio de Aarhus y las Directices de Bail como herramientas clave para la implementación de los derechos de acceso recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.