La protección social constituye el primer eje de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARDSI), aprobada por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2019 y cuyo objetivo es avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región.
En la CEPAL se reconoce que la protección social está enraizada en una serie de instrumentos normativos internacionales cuyo objetivo es la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población. La protección social se orienta por lo tanto a abordar los riesgos que enfrenta toda la población a lo largo del ciclo de vida, así como a los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad. De acuerdo a lo acordado en la ARDSI la protección social busca, más específicamente, “garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales (como salud, educación, agua y saneamiento), vivienda, políticas de inclusión laboral y trabajo decente”.
Las políticas de protección social se vinculan además con otros nudos críticos del desarrollo social en la región, como la vulnerabilidad de la población frente a los desafíos emergentes, entre ellos los impactos del cambio climático, las pandemias, y la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. Asimismo, destacan los desafíos en materia de institucionalidad y financiamiento de las políticas.
En consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el enfoque de derechos, los sistemas de protección social deben tener una orientación universal, entendiendo que la garantía de su acceso debe estar disponible para todas las personas. Además, de acuerdo al principio del universalismo sensible a las diferencias, las prestaciones e instrumentos de la protección social deben ser priorizados y adaptados para las diversas poblaciones, conforme a los tipos de exclusión, discriminación y vulnerabilidad que enfrentan.
Los sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes de protección social cumplen un papel fundamental para superar la pobreza, reducir las desigualdades y responder a situaciones de emergencias y riesgos. Las crisis, como la de la pandemia, abren oportunidades únicas para repensar el lugar estratégico que tiene la protección social para avanzar hacia Estados de bienestar y garantizar derechos fundamentales. Como quedó demostrado a través de los impactos de la pandemia en la región, el nivel de consolidación de los sistemas de protección social es decisivo en la capacidad para brindar una protección adecuada a sus ciudadanos frente emergencias y riesgos e impedir un deterioro considerable en sus niveles de bienestar.