Según una reciente publicación de la CEPAL, si bien la economía uruguaya depende fuertemente de las exportaciones basadas en actividades intensivas en recursos naturales (70 %), los cambios introducidos en el sector agropecuario han mejorado la competitividad internacional y los indicadores sociales del país. Estos avances indican, según el organismo, que Uruguay está generando condiciones para lograr un desarrollo social más inclusivo.
En el estudio Cambios en la dinámica agropecuaria y agroindustrial del Uruguay y las políticas públicas, publicado por la oficina de la CEPAL en Montevideo, los autores Carlos Paolino, Lucía Pittaluga y Mario Mondelli intentan desentrañar si el país está generando o no condiciones para el cambio estructural sostenible en el mediano y largo plazo, según la definición entregada por el organismo en su documento institucional Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo (2012).
El estudio indica que las modificaciones introducidas en el sector agropecuario son producto de políticas activas, que montan plataformas de variados tipos y que producen bienes públicos. Sobre esta base se desarrollan y potencian bienes privados que alientan un desarrollo competitivo de mediano y largo plazo.
El informe presenta tres estudios de casos que ilustran estos "nuevos tiempos" en la base agropecuaria/agroindustrial de producción en Uruguay. El primero es la trazabilidad del universo del stock de bovinos de carne y la trazabilidad de la propia carne (cajas negras en los frigoríficos), que permiten un control completo del proceso de producción de los productos cárnicos que Uruguay exporta. El segundo se refiere al desarrollo de regulación en el uso y manejo de suelos agrícolas, mientras que el tercero aborda políticas activas vinculadas al desarrollo rural y la adaptación al cambio climático en el país.
La incorporación de progreso técnico a estos procesos innovadores permitió mejorar los indicadores sociales del país, según el estudio. Por ejemplo, la pobreza rural descendió fuertemente, pasando de representar 17,9 % de las familias que residen en ese medio en 2006 a apenas 2,9 % en 2012. Lo mismo sucede con los indicadores de pobreza en localidades de menos de 5.000 habitantes, donde residen parte importante de las familias que trabajan en el sector agropecuario, las que pasaron de 35,3 % en 2006 a 7,1 % en 2010.
Los autores concluyen que estas iniciativas basadas en políticas públicas no solo generaron bienes públicos, sino también permitieron la aparición de plataformas y oportunidades que aumentaron la confianza internacional en el país, lo que a su vez atrajo inversiones en las áreas mencionadas.
Agregan que el foco principal para los próximos años debiera estar centrado en impulsar un desarrollo tecnológico e institucional/normativo que permita seguir avanzando en la construcción de competitividad internacional genuina y basada en capacidades nuevas surgidas de la interacción entre los agentes públicos y privados especializados en recursos naturales.
Sin embargo, advierten que para mantener la competitividad internacional de Uruguay será necesario seguir avanzando en la creación de nuevas infraestructuras, en la ampliación de la matriz energética nacional y en la educación.
