La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron hoy en Santiago de Chile la segunda evaluación de desempeño ambiental (EDA) de Chile, que contiene 54 recomendaciones para fomentar una economía más verde y mejorar la gobernanza ambiental, con énfasis en las políticas relativas al cambio climático, la diversidad biológica y los recursos hídricos, entre otros.
En el lanzamiento del informe, que tuvo lugar en la sede del organismo regional de las Naciones Unidas, participaron el Ministro del Medio Ambiente de Chile, Pablo Badenier, y el Subsecretario de esa cartera, Marcelo Mena, junto al Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, y el Director de Medio Ambiente de la OCDE, Simon Upton.
“El propósito de este informe es apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus propios objetivos ambientales”, señaló el Ministro Badenier, quien explicó que en él no se evalúan las políticas de un gobierno sino el desempeño del conjunto del país. “La dimensión ambiental es uno de los pilares del desarrollo pero su desempeño depende de sus vínculos con las políticas económicas y sociales, tal como refleja la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por las Naciones Unidas”, apuntó al respecto Joseluis Samaniego.
Por su parte, Simon Upton indicó que Chile cuenta con una de las economías de la OCDE que hace un uso más intensivo de los recursos naturales y su desafío es poder mantener su crecimiento económico protegiendo al mismo tiempo sus activos ambientales.
Esta es la cuarta evaluación desarrollada en conjunto por la CEPAL y la OCDE, tras las realizadas en Chile en 2005, en Colombia en 2014 y en Perú este mismo año.
En el caso de Chile, desde 2005 se registraron avances en materia de institucionalidad, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la Superintendencia del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales y el Servicio de Evaluación Ambiental, y también a través de la adopción de nuevos instrumentos de política, como un impuesto sobre las emisiones de carbono y sobre los contaminantes atmosféricos locales.
Entre las recomendaciones incluidas en esta nueva evaluación está aumentar la tasa impositiva al dióxido de carbono y aplicarlo sobre nuevas fuentes de emisiones, así como elevar el impuesto a la gasolina y el diésel. Se recomienda asimismo formular o actualizar planes de gestión de la contaminación atmosférica en todas las zonas en las que se superan los límites de las normas sobre calidad.
También se propone esclarecer las responsabilidades institucionales sobre la implementación de las políticas de mitigación del cambio climático y de adaptación a sus efectos, así como adoptar una estrategia de financiamiento. El documento advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 23% entre 2000 y 2010. Chile se comprometió el pasado año a reducir la intensidad de sus emisiones de GEI un 30% en 2030 respecto a 2007.
En materia de biodiversidad, se llama a aprobar el proyecto de ley para crear el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a acelerar su implementación. Por otra parte, el informe también sugiere mejorar la recopilación de datos ambientales y ponerlos a disposición de la ciudadanía y de los organismos internacionales, y mejorar la cooperación interinstitucional para garantizar la eficacia a la hora de ejecutar las políticas y aplicar las leyes.
En cuanto a los recursos hídricos, se recomienda adoptar un enfoque de gestión basado en los riesgos, concebir e implementar nuevas reformas del régimen de asignación de aguas que reflejen las exigencias ambientales y ecológicas y la necesidad de su uso sostenible, y desarrollar una estrategia para evitar la asignación excesiva en cuencas y acuíferos en los que los derechos de uso del agua excedan la capacidad sostenible del cuerpo de agua, entre otros.
En la elaboración de este documento participaron expertos de la OCDE y la CEPAL, así como técnicos de los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda, dado que estas evaluaciones incorporan la revisión entre pares. En el proceso se llevaron a cabo reuniones técnicas con representantes del gobierno, del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los pueblos indígenas.
